Élite Taxi anuncia recurso contra decreto de la Junta, a la que acusa de «traición, amenaza e intento de soborno»

Élite Taxi anuncia recurso contra decreto de la Junta, a la que acusa de "traición, amenaza e intento de soborno"

Europa Press.- El presidente de Élite Taxi, Rafael Baena, ha asegurado este miércoles que presentarán un recurso contra el Decreto-Ley de la Junta de Andalucía regulador de la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC), al tiempo que ha acusado al Gobierno andaluz de «traición, amenaza e intento de soborno. Vamos a llevar a los tribunales, no vamos a bajar el pulso», ha sentenciado.

Baena, que ha comparecido en rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía junto a la presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, no ha podido precisar la naturaleza de ese recurso, por cuanto ha alegado que «no sabemos cómo atajarlo, si desde Congreso, el Senado» tras esgrimir que «la propia oposición no puede ejercer sus funciones por la opacidad» de la norma, en alusión a que este miércoles el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), aún no ha publicado el texto, a falta de una edición extraordinaria que podría publicarse esta tarde.

Baena ha sustentado la acusación de «traición, amenaza e intento de soborno» en el «día anterior a la aprobación del decretazo» durante la convocatoria del Consejo Andaluz del Taxi. El presidente de Élite Taxi ha descrito la traición en «la opacidad y falta de transparencia con ayuntamientos, consumidores» por cuanto se ha lamentado de «reuniones estériles y vacías de contenido, durante cinco horas nos venden propaganda», así como que «se niegan a darnos el documento» del decreto-ley.

La idea de amenaza la ha fundamentado en la diatriba entre «miedo o muerte» por cuanto ha señalado que el Gobierno andaluz les conminó a que «acatamos el decreto que no conocemos» o la alternativa sería «la desregulación salvaje de Madrid, que quieren desregular el taxi, trabajar 365 días durante 24 horas», para apuntar que «al ver que no cedemos, utilizan el intento de soborno».

«Nos ofrecen que si nos hace falta una subvención», ha proseguido explicando Rafael Baena sobre el argumento del soborno, quien ha planteado a «Moreno Bonilla y a su Consejería (en referencia a Fomento) que al taxi no le hace falta una limosna», para afirmar seguidamente que «le hace falta un gobierno leal y valiente. Ni siquiera tenemos una publicación», ha indicado el presidente de Élite Taxi, quien ha puesto de manifiesto que «se nos ha negado el derecho fundamental de poder alegar», para apuntar en este sentido que el 5 de septiembre fue «la primera vez que nos reunimos» con la Consejería y «nos dieron un día de plazo» para presentar sus alegaciones a la norma.

Tras considerar que el Decreto-ley regulador de la actividad de los VTC era perjudicial tanto para «las 10.000 familias del taxi» como para «los derechos fundamentales de 8,5 millones de andaluces», Baena ha apuntado que la Junta de Andalucía con su norma «está desoyendo el artículo 182.1 del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre» y la propia Ley en relación al servicio precontratado. Baena ha descrito «la dejadez de funciones absoluta» del Gobierno autonómico porque «ni ha sancionado ni controlado los VTC» y advertir que con su decreto-ley ahora «lanza la pelota a los ayuntamientos» para que con «sus policías hagan ese control» con la percepción de que «no tiene cuerpo policial ni los tienen formados» para ejercer la tarea de controlar los VTC.

«Vamos a seguir protestando en las calles», ha planteado el presidente de Élite Taxi, quien ha proseguido considerando que «nos vemos abocados a los juzgados», entre las que ha previsto dar cuenta de «la cantidad de irregularidades que presuntamente está cometiendo esta Consejería», entre éstas ha descrito una inspección aleatoria de 120 vehículos con matrículas VTC para señalar que 105 presentaban «documentación irregular del vehículo» al tratarse de «un vehículo particular» y que en ese caso «no podrían llevar matrícula VTC». Baena ha apuntado «un posible delito fiscal» tras señalar que abonan la tasa de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) como vehículo particular y no la de un servicio público como el taxi, exigencia a la que ha sumado que tienen que llevar un seguro de responsabilidad civil, «igual que el taxi por 50 millones de euros», y lamentar entonces que «la Consejería no atiende denuncias».

Foto de archivo

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