Ley de sostenibilidad del Transporte por Carretera. La opinión de Fernando Guillén
Ya tenemos la famosa ley que solucionaría todos los problemas del sector, la tenéis en el BOE del dia 2 de agosto, aquí https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/. Esta es la legislación que según el Sr. Manuel Hernández se ha realizado bajo la supervisión y control de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte..., en fin.
No hay mucho que decir en una primera lectura. Desde luego hay avances, ahora la carta de porte tendrá que contener los precios de todo el coste que compone el transporte, junto con el precio base de ese porte, pero esto va a generar un problema para muchos que no distinguen una carta de porte de un albarán, y no hablo solo de conductores.
Pero al margen de eso, ha quedado claro que no hay precio base mínimo, que es lo que quería Plataforma. Muchos ya estábamos diciendo que eso era imposible, porque el Estado no puede hacer semejante cosa, pero es que además los costos de cada transportista son diferentes y no se pueden unificar, y así lo recoge la ley cuando establece que es el transportista el que calcula sus costos..., como no podía ser de otra manera. Tampoco se atiende otra reivindicación clave: La subcontratación, quizá el punto donde si se podría meter mano.
Así las cosas, el fracaso es evidente y palmario, y deja en evidencia el discurso que, día tras día, ha lanzado Manuel Hernández. Ahora la salida es el paro patronal, otra vez, o bien el sentido común: Impulsar una verdadera unificación del pequeño transportista que le haga establecer precios por CC.AA. por debajo de los cuales nadie cargue, es decir, ejercer de "lobby" frente a las empresas que los usan como asalariados low cost. El problema de esto es que para muchas de esas empresas dejarán de ser rentables, y ya no les interesara, me temo, y preferirán acudir o bien a grandes empresas de transporte que les garanticen el servicio o como ya viene sucediendo en alguna empresa, de forma testimonial por ahora, adquirir sus propios vehículos y contratar su propio personal.
Lo que parece claro es que la ley deja claro que son las propias empresas las que deben gestionar sus costes y fijar sus servicios, y que lo que hace el Estado es obligar a los cargadores a poner por escrito las condiciones económicas desglosándolas para de esa manera poder proceder contra estos cargadores legalmente si ofertan condiciones fuera de los costos que los transportistas establezcan, claro que individualmente esto es casi imposible, porque cada uno tiene costos diferentes, la única vía que veo es la unificación para que los costos sean los mismos, al menos por Comunidades Autónomas.
¡¡Buena ruta!!.
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