Las VTC piden a Bruselas que investigue posibles infracciones de España al principio de libertad de establecimiento

Las VTC piden a Bruselas que investigue posibles infracciones de España al principio de libertad de establecimiento

Redacción.- Las principales asociaciones de vehículos con conductor de España, Unauto y Feneval, han enviado este martes a la Comisión Europea una carta solicitando un procedimiento de infracción contra el Reino de España por infringir el principio de libertad de establecimiento en el mercado del VTC, detallada en el art. 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Comunicación de la Comisión sobre un transporte local de pasajeros bajo demanda que funcione correctamente y sea sostenible (taxis y VTC) 2022/C 62/01.

En esta carta, la patronal detalla el riesgo de desaparición del sector en Cataluña que, con el decreto 9/2022 del 5 de julio, expulsa del mercado a la mayoría de las licencias actuales, mantiene las restricciones ya existentes (15 minutos de espera antes del comienzo del servicio, prohibición a sistemas de geolocalización o la prohibición de estacionar en la vía pública) e incluso introduce otras todavía más desproporcionadas como, por ejemplo, haber prestado más de 100 servicios en el último año, o la introducción de un límite al tamaño de los vehículos que deja fuera al 90 % de las flotas actuales.

La misiva describe, además, cómo dichas regulaciones contradicen las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de regulación del sector del taxi y VTC, así como a la competencia y a los principios de buena regulación económica de los mercados según la Autoridad Catalana de Competencia. En palabras de la propia ACCO, “existen riesgos de que las previsiones del Decreto ley 9/2022 resulten contrarias a la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

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La carta a la Comisión Europea:

«En representación de la industria española de PHV, volvemos a escribirles con las más serias preocupaciones sobre el riesgo de desaparición al que se enfrenta nuestra industria en España. Tanto las autoridades nacionales como las autonómicas están adoptando medidas que, combinadas, suponen una amenaza inminente para la continuidad del servicio de PHV en la mayoría de las regiones de España, especialmente en Cataluña. Tenemos entendido que las autoridades españolas están ignorando descaradamente las recomendaciones proporcionadas en la Notificación 2022/C 62/01 de la Comisión, y violando la libertad de establecimiento tal como se define en el Tratado.

Instamos a la Comisión Europea a analizar detenidamente los argumentos abordados en esta carta, que justifican la necesidad de iniciar un procedimiento contra el Reino de España por vulneración de la libertad de establecimiento en el mercado de PHV.

Una industria PHV vibrante ha florecido en España con más de 17,000 licencias otorgadas en los últimos años bajo la legislación nacional, y a pesar de las restricciones desproporcionadas que están dañando nuestros derechos a la libre empresa, como el tiempo mínimo de espera, prohibición de geolocalización, algunas formas de retorno -obligaciones de tipo garaje, etc. introducidas en regiones como Cataluña, Valencia, País Vasco, Galicia, Aragón, Baleares, Murcia, y otras.

Sin embargo, como recordarán de nuestra carta anterior de fecha 14 de junio de 2022, los PHV ya no podrán ofrecer servicios urbanos (con inicio y destino en un mismo municipio) a partir del 1 de octubre de 2022, como consecuencia de la terminación del período transitorio permitido. por el Real Decreto-Ley nacional 13/2018. Hemos combatido el Real Decreto Ley 13/2018 en tribunales nacionales sin resultado por el momento.

Desde 2018, es responsabilidad de las Comunidades Autónomas españolas introducir un nuevo marco normativo que regule expresamente los servicios de PHV urbanos. En aquellas regiones donde no se adopte una legislación, los servicios de PHV tendrán que ser terminados por el bien de los servicios urbanos, ya que ningún título válido respaldará la actividad. Durante años, no se ha tomado ninguna medida.
La única región que ha adoptado una nueva regulación que asegura la continuidad de las licencias de PHV existentes ha sido Madrid. Aprobada el 5 de junio de 2022, la Ley 5/2022 otorga derechos adquiridos de licencias de servicios urbanos a todos las entidades con licencia nacional de PHV. Con una simple ley se ha garantizado la continuidad del servicio en Madrid.

La segunda región en adoptar una nueva regulación ha sido Cataluña, mediante el Decreto Ley 9/2022, de 5 de julio de 2022. Contrariamente a la legislación de Madrid –y también a las medidas que recomienda la Comisión Europea para la regulación del buen funcionamiento de los PHV servicios–, las autoridades catalanas han adoptado la regulación más restrictiva, provocando la expulsión del mercado de la mayoría de los titulares actuales, e introduciendo las restricciones más graves para la prestación de los servicios de PHV. Este nuevo Decreto Ley catalán genera una desigualdad de condiciones y unas condiciones de funcionamiento desproporcionadas para nuestro sector.

Más concretamente:

● A pesar de haber tenido cuatro años para regular a través de un proceso ordinario, el gobierno catalán ha optado por regular a través de un Decreto Ley, una herramienta utilizada en casos de necesidad extraordinaria y urgente, que excluye la participación de los representantes del sector y los agentes sociales. De hecho, la Generalitat de Cataluña está acostumbrada a regular los PHV en base a estas causales, ya que se trata del tercer Decreto Ley que se emite en los últimos seis años.

● La mayoría de los licenciatarios actuales quedarán excluidos del mercado, ya que las condiciones para otorgar las nuevas licencias de servicios urbanos son extremadamente restrictivas: solo se transformarán las licencias con actividad comprobada durante el último año, aunque debido a la pandemia de COVID-19, la oferta se ha adaptado a la baja demanda, y algunas licencias no han estado activas. Para aquellos licenciatarios que han estado activos, se ha definido otra condición: tener un historial limpio de multas administrativas. La multa única impuesta a un solo vehículo de una gran flota, excluye la concesión de nuevas licencias a toda la flota. No olvidemos que la mayoría de las multas impuestas en Cataluña se deben al incumplimiento de restricciones desproporcionadas como el tiempo mínimo de espera de 15 minutos. Como resultado, solo una fracción insignificante de las licencias existentes podrá continuar operando.

● El requisito de disponer de una segunda licencia de PHV para prestar servicios urbanos ya estaba contemplado por las autoridades locales (Área Metropolitana de Barcelona) en 2019 y está pendiente de decisión prejudicial del TJUE, tras una remisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por motivo de supuesta restricción a la libertad de establecimiento (artículo 49 TFUE).

● El Decreto Ley 9/2022 de Cataluña mantiene las restricciones desproporcionadas existentes a la operación de los servicios de PHV, como el tiempo de espera obligatorio de 15 minutos antes del inicio del servicio, la prohibición de la geolocalización para mostrar los vehículos a los pasajeros en las aplicaciones y una obligación de viajar de regreso sin pasajero a los garajes privados. Todas estas son restricciones desproporcionadas que violan la libertad de establecimiento, como se identifica en la Comunicación de la Comisión 2022/C 62/01.

● Además, se han introducido nuevas restricciones: una longitud mínima para los vehículos PHV (4,9 m), que deja fuera al 90 % de las flotas actuales, es contraproducente ya que conduce a coches más grandes, anchos y pesados, y tendrá un impacto negativo en la congestión, el consumo de energía y el medio ambiente.

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) emitió su Informe Normativo IR 61/2022 el 18 de julio de 2022, en el que concluye que el Decreto Ley 9/2022 de Cataluña es contrario al Derecho de la Competencia, persiste en la ineficiencia normativa y establece requisitos absolutamente contrarios a los principios de buena regulación de los mercados. Además, en palabras de la propia ACCO, “en términos de legalidad, se considera que sumado a lo anterior, también es preocupante la falta de apoyo de las autoridades. La última encuesta (adjunta) realizada en Barcelona a principios de julio de 2022 muestra que el 72% de los catalanes está a favor de la adopción de un nuevo marco regulatorio en el que taxis y PHV puedan prestar servicios en igualdad de condiciones. De hecho, la mayoría de los encuestados (66%) cree que la regulación ha sido impulsada por el temor del gobierno a la reacción de ciertas asociaciones de taxis.

Ante este panorama, necesitamos urgentemente acciones para asegurar la supervivencia de la industria PHV en España. Dado que las autoridades españolas han hecho caso omiso sistemáticamente de la Comunicación de la Comisión sobre el buen funcionamiento y el transporte sostenible de pasajeros bajo demanda local, no solo no han eliminado ninguna de las restricciones desproporcionadas existentes, sino que incluso han introducido otras nuevas y más graves y, en consecuencia, en la mayoría de las regiones los proveedores existentes serán expulsados ​​del mercado. Por ello, creemos firmemente que es el momento de iniciar un procedimiento contra el Reino de España por vulneración de la libertad de establecimiento en el mercado de PHV».

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