Valoración de Greenpeace del Anteproyecto de Ley de Movilidad
Redacción.- Greenpeace valora positivamente el contenido del Anteproyecto de Ley de Movilidad que ha presentado el Ministerio de Transportes (MITMA) en Consejo de Ministros. La nueva Ley de Movilidad garantiza, por primera vez, el derecho colectivo a una movilidad limpia y asequible para toda la población y establece las bases para construir un modelo de transporte compatible con los objetivos climáticos, sin dejar a nadie atrás, según informa en un comunicado de prensa.
Uno de los puntos clave de esta ley es la creación del Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad: un mecanismo estable de financiación estatal del transporte público, donde la fiscalidad verde se destine a impulsar el transporte sostenible. La organización ecologista propone que dicho Fondo se nutra de ingresos procedentes de peajes en autopistas, tasas al transporte contaminante (como la aviación) o aportaciones de grandes generadores de movilidad, de manera que repercutan en más y mejor transporte público.
Esta demanda forma parte del conjunto de aportaciones que Greenpeace remitió al MITMA en el año 2020. Unas propuestas destinadas a lograr un modelo de movilidad socialmente justo y que consiga reducir las emisiones del transporte, actualmente responsable del 29% de las emisiones de CO2 a nivel nacional.
Que el texto recoja buena parte de esas aportaciones que Greenpeace realizó en la fase de audiencia previa, demuestra que los criterios técnicos están cada vez más alineados con los principios de la movilidad sostenible. Por este motivo, Greenpeace pide al Gobierno coherencia en materia de inversiones, ya que las directrices presentadas por el MITMA en esta Ley de Movilidad pueden chocar con los intereses de la poderosa industria del motor en aspectos como el pago por uso de autopistas, los peajes urbanos o la fiscalidad verde.
“Desde el Gobierno insisten en anunciar un nuevo modelo de movilidad más limpio y accesible, pero cuando toca repartir fondos la mayor parte se la llevan los fabricantes de coches, perpetuando así un modelo dependiente del coche, que se ha demostrado insostenible con el clima y que deja fuera a gran parte de la población”, ha declarado Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace. “Inversiones necesarias y valientes como los 1.500 millones de Fondos Next Generation para conseguir ciudades con menos coches se quedan cortas si las comparamos a los 3.000 millones de dinero público destinado al PERTE de la Automoción”.
Valoración de las principales propuestas
Una vez presentado el anteproyecto, la nueva Ley deberá someterse a información pública. Comienza entonces un periodo de diálogo y aportaciones para mejorar el texto presentado. A la espera de texto definitivo, Greenpeace quiere destacar otros puntos del texto legal que, de ser aprobados, serán fundamentales para alcanzar un nuevo modelo de movilidad:
.- Por primera vez se reconoce la movilidad sostenible, justa e inclusiva como un derecho colectivo de la ciudadanía para lograr una mayor cohesión social y territorial, contribuir a un desarrollo económico resiliente y alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y calidad del aire. La creación de un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible equipara la movilidad a otros derechos como la salud, la protección civil o la dependencia.
.- Se crean normas específicas para una planificación, evaluación y gestión racional de las infraestructuras, abandonando las políticas de “ladrillazo” propias de la burbuja inmobiliaria, que consideraban la infraestructura como un fin y que ha acabado generando una red de autopistas sobredimensionadas y aeropuertos vacíos.
.- En lo relativo a medidas, se aborda una jerarquía clara que prioriza los modos sostenibles (peatón, bicicleta y transporte público) frente a los modos contaminantes (moto, automóvil y aviación). La nueva ley abre la puerta a la implantación de medidas ambiciosas, como el Peaje Urbano o la expansión de carriles Bus-VAO, y obliga a los municipios a crear protocolos frente a episodios de alta contaminación. No obstante, Greenpeace advierte del carácter discrecional de muchas de estas medidas y demanda al Ministerio más ambición para garantizar su efectividad, evitando que otras administraciones esquiven su cumplimiento, como sucedió en 2019 con la ZBE ‘Madrid Central’.
.- Greenpeace valora positivamente que, por fin, se mencione en una ley la necesidad de financiar la red viaria con criterios ambientales (“quien contamina paga”) acabando con la anomalía del caso español frente al resto de países europeos. También destaca la elaboración de un Plan de Sostenibilidad del Transporte Aéreo que, a nuestro juicio, debería abordar la prohibición de los vuelos cortos que tengan alternativa por ferrocarril, una medida ya vigente en países como Francia y que tendría un efecto inmediato en las emisiones del sector aéreo.
Foto: Greenpeace
