El CNTC reclama al Gobierno medidas económicas inmediatas y que garantice el derecho al trabajo

El CNTC reclama al Gobierno medidas económicas inmediatas y que garantice el derecho al trabajo
El CNTC reclama al Gobierno medidas económicas inmediatas y que garantice el derecho al trabajo
El CNTC reclama al Gobierno medidas económicas inmediatas y que garantice el derecho al trabajo

Redacción.- En un comunicado de prensa, el Comité Nacional del Transporte por Carretera, pide al Gobierno que tome medidas económicas inmediatas para paliar la situación de los transportistas, al tiempo que le reclama que garantice el derecho al trabajo de los transportistas que no secundan el paro convocado por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte.

El comunicado: 

"El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado en el día de ayer el Real Decreto-ley 3/2022, que incluye acuerdos históricos para el sector del transporte como la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores, o la obligatoriedad de actualizar las tarifas del transporte a la variación del precio del combustible. Pero todos estos logros quedan ocultos en este momento, como consecuencia del alza inusitada del precio del combustible qué es imprescindible afrontar con medidas inmediatas de choque.

En consecuencia, el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), tal y como ya hizo en la reunión celebrada con la Ministra de Transporte el pasado día 16 de marzo, reitera la imperiosa necesidad de adoptar medidas urgentes para reducir, como sea, el actual estado de precios del combustible, sin que sea posible esperar al día 29 de marzo, como reiteradamente ha insistido el Gobierno. Medidas que ya han adoptado los países de nuestro entorno.

En esta reunión con la Ministra también se reclamó, en atención a la circunstancia actual del precio del combustible, la agilización de la aplicación de principios de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que los integrantes de la cadena de suministro no puedan cobrar por debajo de costes, y el compromiso de publicar semanalmente el informe de variación del precio del gasóleo, algo tremendamente útil en momentos como los actuales en los que la variación del precio del combustible es continua.

Además, el Gobierno debe garantizar el ejercicio del derecho al trabajo de aquellos que libremente han decidido no sumarse al paro. No pueden tolerarse determinadas actuaciones violentas, ni la coacción al libre ejercicio de la actividad, poniendo en riesgo las vidas de las personas y sus instrumentos de trabajo.

Conductas coactivas qué, incluso, desmerecen de la actuación de aquellos que han ejercido pacíficamente su derecho al paro. Condenamos la absoluta pasividad con la que, durante cuatro días, se han permitido todo tipo de barbaridades, dirigidas por personas sobradamente conocidas, con el único objetivo de aterrorizar a compañeros que solo desean ganarse su legítimo sustento.

El Ministerio debe recibir de inmediato a este CNTC con la finalidad de encontrar soluciones urgentes al precio del combustible y, en particular, para informar de qué medidas de orden público, concretas, se han adoptado en defensa del derecho a trabajar".

Para Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC: “En ASTIC estamos convencidos de que la prioridad absoluta en estos momentos es preservar la integridad física y la libertad de movimientos de las personas que trabajan en este sector. Es la primera obligación de cualquier Gobierno que se precie velar por el derecho a la salud y la vida de las personas y a la integridad de sus propiedades. Obligación que ha sido inexplicablemente olvidada durante demasiados días en esta semana que se cierra, poniendo especialmente a los chóferes ya sean contratados o autónomos, entre la espada y la pared, sin que hayan contado con la protección debida. Es imprescindible que se garantice que quien quiera trabajar, tantas y tantas personas de nuestro sector, pueda hacerlo sin verse sometido a vejaciones, coacciones, amenazas ni bloqueos y, mucho menos agresiones o sabotajes. Es una obligación básica del Gobierno velar y actuar para que no se vulneren principios básicos recogidos en la propia Constitución Española como son derecho a la libre de circulación de los ciudadanos, que está recogido en el Art. 19, y la libertad de empresa, recogida en el art. 38 de la CE y en el 16 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales”.

Foto de archivo