La Diputación de Gipuzkoa dejará de cobrar el peaje de la A-15 y la N-I cuando se publique la providencia del TSJPV

La Diputación de Gipuzkoa dejará de cobrar el peaje de la A-15 y la N-I cuando se publique la providencia del TSJPV

Europa Press.- El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado este martes un acuerdo mediante el que deja constancia formal de que cesará de exigir un canon a los vehículos pesados de transporte de mercancías en la N-I y la A-15, en cuanto se publique en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG) la providencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que falló en el sentido de no cobrar los citados peajes.

La portavoz foral, Eider Mendoza, en rueda de prensa, ha remarcado que «cuando llegue ese momento, la Diputación Foral acatará y llevará a debido efecto, en sus propios términos y de modo inmediato, las resoluciones judiciales que se dicten, tal y como siempre ha hecho, con independencia de que le sean favorables o adversas».

Tras incidir en que se trata de una situación «sin precedentes», Mendoza ha subrayado que, actualmente, tanto la Diputación como Bidegi «no hacen otra cosa que cumplir escrupulosamente» con la legalidad vigente, ya que ésta establece que las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales el día en que sea publicado su fallo, función que corresponde al Letrado de la Administración de Justicia.

«Esa orden la tiene que dar el propio tribunal en un plazo de diez días, pero ha pasado más de un mes», ha resaltado la portavoz foral, quien ha insistido en que «la sentencia no ha entrado en vigor porque todavía no se ha publicado y así lo dice la ley», al tiempo que ha advertido que esta publicación «se puede alargar muchísimo en el tiempo».

Respecto a este retraso, Mendoza ha recordado que la Diputación ha presentado «incidentes de nulidad» al considerar que los tribunales «no habían hecho una consulta en Europa que debían hacer». «Esos expedientes están en el Tribunal Supremo y la hipótesis es que el TSJPV prefiere esperar a ver qué decisión pueda adoptar», ha apuntado.

En esa línea, ha detallado que, hasta ese momento, sigue en vigor la Norma Foral 6/2018, aprobada por las Juntas Generales, y que la Diputación Foral por sí misma no tiene facultad para derogar o suspender. «Es una situación de incertidumbre total», ha reiterado.

«Por tanto, la Diputación y Bidegi están obligados a seguir cobrando el canon, hacer lo contrario sería incumplir la legislación en vigor», ha insistido la portavoz foral, quien ha destacado que «estamos en un limbo entre una sentencia firme no aprobada y el acatamiento de un mandato de las Juntas Generales, de obligado cumplimiento».

Decreto foral

Asimismo, Mendoza ha dado a conocer que la institución foral no procederá a la aprobación de un decreto foral-norma para mantener el cobro del peaje en las citadas vías de alta capacidad. «Tras un análisis jurídico en profundidad, hemos abogado por mantener la seguridad jurídica en un asunto que ya de por sí cuenta con diversos elementos de incertidumbre, evitando así añadir más confusión a esta cuestión», ha explicado.

Al mismo tiempo, ha recordado que la Diputación sigue trabajando en la elaboración de una tercera Norma Foral «sin tramos, evitando posibles interpretaciones de discriminación a transportistas extranjeros». Según ha apuntado, en las próximas semanas se procederá a su publicación y, posteriormente, serán las Juntas Generales las que tengan que debatir sobre el asunto. La intención de la institución es que la norma foral «esté aprobada a finales de año».

En este sentido, la portavoz foral ha remarcado que «la decisión inicial de establecer un peaje en estas vías sigue intacta» y que obedece al mandato dado en 2010 por las Juntas Generales, tras acordar todos los partidos políticos que la financiación de las carreteras de alta capacidad, su mantenimiento y mejora debían ser financiadas por el pago por uso.

Asimismo, ha recordado que estos peajes «han sido contrastados y dictaminados favorablemente dos veces por la Unión Europea, que es quien legisla, a través de directivas, el pago por uso del transporte por carretera». Con un debate político superado hace 11 años en Gipuzkoa, con el convencimiento de que los peajes son forma más justa para financiar las carreteras y el aval de la UE recibido, la Diputación ha decidido optar por la vía de aprobar una nueva norma foral, con toda seguridad jurídica y dando certeza a la ciudadanía guipuzcoana», ha reiterado la responsable foral.

Eider Mendoza ha vuelto ha remarcar, por otro lado, que la querella penal presentada contra la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, por las asociaciones de transportistas «no tiene ningún sentido» y «no puede tener ningún recorrido jurídico».

En cuanto a la intención de Bizkaia de implantar también el cobro en las carreteras, ha insistido en que el cobro de peajes «es algo que en los países más avanzados de Europa se está haciendo». «Gipuzkoa es pionera, pero Bizkaia, Navarra, Álava y el Gobierno del Estado están por esa vía, por tanto es algo que tiene futuro», ha asegurado, al tiempo que ha destacado que la Diputación ha mostrado siempre su «colaboración» en este ámbito.

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