Investigado un matrimonio que intercambiaba las tarjetas del tacógrafo del camión
EFE.- El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete ha investigado a un matrimonio de transportistas extranjero y residente en la provincia de Alicante por un presunto delito de falsedad documental ya que intercambiaban sus tarjetas del tacógrafo para evitar tener que descansar las horas que obliga la ley.
Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete en nota de prensa, los transportistas circulaban en un vehículo articulado dedicado al transporte de mercancías y al intercambiar sus tarjetas registraba un periodo de descanso del conductor cuando realmente estaba conduciendo.
De este modo, ambos conductores conseguían prolongar los periodos de conducción de uno de ellos con el consiguiente peligro para la seguridad vial.
El presunto delito se detectó cuando una patrulla de la Guardia Civil de Almansa procedió a la parada y control de este vehículo en la autovía A-31, dentro de las inspecciones relacionadas con el transporte por carretera En este control rutinario, los agentes comprobaron que los tiempos de conducción y descanso de su conductor, así como la documentación del referido vehículo y vieron que iba ocupado por dos conductores, un hombre y una mujer de 34 y 30 años, respectivamente, que eran matrimonio, tenían nacionalidad extranjera y residían en la provincia de Alicante.
Los agentes comprobaron en este control rutinario que las tarjetas que marcan los tiempos de conducción estaban intercambiadas entre el matrimonio, de manera que los de la persona que en ese momento conducía no se correspondían con la actividad real registrada.
Con esta forma de actuar, los conductores alteraban a su voluntad el régimen de conducción y descanso obligatorios establecidos para los vehículos destinados al transporte de mercancías y viajeros, con el fin de realizar jornadas de trabajo superiores a las permitidas, añade el comunicado.
Por este supuesto delito de falsedad documental, por el que el matrimonio puede enfrentarse a una pena de prisión de entre seis meses y tres años y multa de seis a doce meses, la Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias que remitió al Decanato de los juzgados de Almansa.
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