ERTE ¿Y ahora qué?. Opinión de Pablo Arroquia
Pasados los primeros meses de la pandemia, en los que hemos tramitado los ERTE de forma masiva, con urgencia y sin apenas tiempo para la para reflexión, llega ahora el momento de realizar una gestión distinta de la crisis. Probablemente, seguirá estando orientada hacia el ajuste del gasto, pero en esta ocasión, es muy posible que ya no “valga” todo y por tanto, las actuaciones deberán ser más precisas y estudiadas, y por qué no decirlo, mucho mejor explicadas.
Actualmente, muchas empresas que siguen registrando una importante caída en su actividad interanual, se enfrentan a la misma pregunta, ¿Es esta situación permanente o volveremos a los niveles previos al COVID-19 en los próximos meses?.
De la respuesta a esta interesante cuestión, dependen decisiones importantes que afectarán de manera determinante a las plantillas de las empresas, y que tendrían que tomarse en un corto espacio de tiempo.
En concreto, y con las fechas vigentes a día de hoy, en menos de dos meses, el 30 de Septiembre, muchos de los ERTE actuales llegan a su fin, y dependiendo de las circunstancias particulares de ejecución de la medida en cada Organización, se levantará la prohibición de despedir antes de final de año.
Estamos por tanto ante una encrucijada, en la que, en muchos casos, la respuesta a la pregunta planteada es si la siguiente medida a ejecutar será un ERTE o un ERE.
Es una decisión compleja, pues en la misma entran en juego, no solo la variable económica del ahorro de costes, sino también otros aspectos como la motivación de la plantilla o, en caso de ERE, la pérdida de capital humano. Adicionalmente, deberíamos tener presente que los gestores también son personas. En toda mi experiencia profesional, asesorando y acompañando a Organizaciones en Crisis, no he conocido a nadie que disfrutase llevando a cabo un despido colectivo en su empresa. El hecho de que sea necesario realizarlo para garantizar la supervivencia de la compañía, no le resta dureza a la decisión.
Actualmente, a la incertidumbre pandémica y económica reinante, se suma la regulatoria.
Además del nivel de actividad, uno de los aspectos fundamentales a valorar en la elección entre ejecutar un ERTE o un ERE, tradicionalmente, era el de los costes de Seguridad Social y complementos del primero versus los costes indemnizatorios que acompañan al segundo.
Como es bien sabido, en los ERTE con causa en el COVID, el coste de la Seguridad Social está bonificado. En los primeros meses, para los de fuerza mayor, en empresas de menos de 50 trabajadores la exoneración era del 100%.
Y es en este apartado, en el que la falta de regulación aumenta la incertidumbre y paraliza las decisiones.
Cuando se valora, desde el punto de vista económico, la medida a adoptar, el empresario necesita conocer cuál sería el coste para la Organización, de aplicar un ERTE. Evidentemente, si sale “gratis” o muy barato, la decisión probablemente será distinta que si tiene un coste significativo.
A falta de regulaciones concretas, traigo el comentario que el Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, realizó en la conferencia que ofreció en ASNALA (Asociación Nacional de Laboralistas) el pasado día 17 de Julio “… todo esto que ha funcionado (refiriéndose a los ERTE), debería seguir funcionando, no ya en condiciones de clara coyunturalidad, sino como mecanismo ordinario. La flexibilidad interna tiene que incorporarse como mecanismo de gestión, intentando evitar la vía de ajuste de los despidos…”.
Conforme a esto, podría pensarse que, al menos en el futuro cercano, el Gobierno seguirá incentivando la utilización de los ERTE, manteniendo, por ejemplo, el sistema de exoneraciones del pago de la Seguridad Social, de forma que haga su utilización más atractiva frente a los ERE.
En cualquier caso, coincido con la opinión de que los ERTE, han resultado ser una herramienta muy útil, y que probablemente seguirán siéndolo. En otra ocasión, incluiré algunas de las posibilidades que ofrecen en la práctica, para poder alcanzar esa flexibilidad interna indicada por el Secretario de Estado.
Foto: Archivo Diario de Transporte