El Defensor del Pueblo interviene en la eliminación de las bonificaciones en la A-P7 y AP-2
Redacción.- En la denuncia interpuesta al Defensor del Pueblo, Fenadismer apela a la inseguridad jurídica y vulneración de la legalidad en la supresión “misteriosa” de las bonificaciones en los peajes a los transportistas por parte de la concesionaria Abertis, con la connivencia del Ministerio de Transportes. Además Fenadismer solicitará al Ministerio de Transportes que sancione a la empresa concesionaria si no revierte inmediatamente las bonificaciones con carácter retroactivo desde el 20 de Abril.
Tras la denuncia de Fenadismer hecha pública a primeros de Mayo en relación a la eliminación por parte de Abertis “de forma opaca y sin difusión alguna” de las bonificaciones a los miles de transportistas que continúan transitando por las autopistas de peaje AP-7 y AP-2, la Federación ha venido actuando en diferentes frentes para tratar de revertir esta decisión, a fin de restablecer dichos descuentos y con carácter retroactivo desde el pasado 20 de Abril, fecha en la que fueron ilegalmente suprimidos.
Así, entre otras, interpuso el correspondiente escrito de queja y solicitud de amparo ante el Defensor del Pueblo al haberse producido una clara situación de indefensión e inseguridad jurídica hacia los transportistas afectados y una manifiesta vulneración de la legalidad vigente, al haberse eliminado las bonificaciones de forma unilateral en base a una presunta resolución de levantamiento de las restricciones a la circulación de camiones en las carreteras catalanas, que nunca existió ni llegó a publicarse oficialmente, contrariamente a lo que trató de argumentar la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de Transportes como fundamento para de forma unilateral, y sin respaldo administrativo alguno, la concesionaria de la autopista suprimiera de un “plumazo” los descuentos a los transportistas.
En este sentido, El Defensor del Pueblo ha acordado admitir a trámite la denuncia interpuesta por Fenadismer al reunir “los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución”, esto es, de posible vulneración de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, y a tal fin ha procedido a iniciar actuaciones “con la Secretaría General de Infraestructuras y con Abertis”.
Por su parte, Fenadismer va a exigir al Ministerio de Transportes que, en el caso de que la concesionaria no revierta con carácter inmediato la decisión de suprimir con carácter retroactivo las bonificaciones a los camiones que circulan por dichas autopistas, proceda a tramitar un expediente sancionador contra la empresa por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, al darse el supuesto en el presente caso del incumplimiento de “cobro al usuario de cantidades superiores a las legalmente autorizadas”, según recoge la vigente legislación española sobre explotación de autopistas en régimen de concesión.
En todo caso, la federación sigue insistiendo en que la eliminación de las bonificaciones, además de ilegal, supone ante todo una “desconsideración absoluta” hacia un colectivo tan castigado especialmente estos días, como es de los transportistas, pese a la labor tan esencial que vienen desarrollando, como se está evidenciando de forma destacada durante la crisis sanitaria.
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