UNO denuncia que Correos pone trabas a los operadores logísticos al uso de las taquillas CityPaq

UNO denuncia que Correos pone trabas a los operadores logísticos al uso de las taquillas CityPaq

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Redacción.- UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte, denuncia trabas por parte del operador postal público Correos para que las empresas privadas de paquetería tengan libre acceso al uso de las taquillas CityPaq, en un comunicado de prensa.

Correos ha remitido una carta a los operadores privados exponiendo las condiciones de acceso a sus taquillas CityPaq, consistente en la firma de un contrato de acceso a la red de taquillas, el pago de un canon por paquete entregado y la interconexión informática con el operador. La mayoría de los operadores se han negado a firmar dichas condiciones.

«No procede la imposición al resto de operadores de un contrato de acceso a la red CityPaq para la entrega de paquetes en estos casilleros»

UNO Logística recuerda que, en caso de no facilitar a terceros la entrega de paquetes en los casilleros CityPaq, Correos podría estar vulnerando la ley de defensa de competencia y restringiendo los derechos de los consumidores, teniendo en cuenta que esta infraestructura se oferta como un arrendamiento por uso para designarlo como un domicilio postal para que el usuario pueda establecerlo con las tiendas online o remitentes de paquetes, con independencia del operador que haga entrega del mismo.

UNO ha requerido a Correos el cese de dicha conducta. En caso de no hacerlo, la patronal estudia iniciar las acciones legales que correspondan incluso mediante la denuncia de la situación ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

A través de un informe jurídico, UNO constata que puede existir una conducta restrictiva de la competencia en esta política de Correos. El informe argumenta que realizar una entrega en las taquillas CityPaq es un derecho del que no puede ser privado el ciudadano que designa ese domicilio de entrega. Los CityPaq son el equivalente a los casilleros de cartas domiciliarios y cumplen las mismas funciones de domicilio postal, por lo que el acceso para la entrega del envío debe ser libre, ya que se trata de un derecho de los usuarios postales que lo designan como domicilio de entrega, siempre previo contrato con Correos.

UNO constata que puede existir una conducta restrictiva de la competencia en esta política de Correos

Esto corrobora, al contrario de lo que indica Correos en su misiva a los operadores privados, que no nos encontramos ante un contrato de acceso a una red (CityPaq), sino que estamos ante el cumplimiento de la obligación de entrega en el domicilio designado por el usuario. Por tanto, la negativa de facilitar el uso del casillero puede constituir un ilícito del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia que hace referencia a la limitación de la producción, distribución o desarrollo técnico en perjuicio injustificado de las empresas o consumidores, así como del apartado de dicho artículo que hace referencia a la negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios.

“El servicio CityPaq consiste en unos casilleros automáticos ofrecidos por Correos a usuarios postales para ser designados por los mismos como domicilio de entregas de envíos postales de paquetería universal, no universal, transfronteriza e internacional, previa contratación del citado uso y pago de la tarifa correspondiente, al que son ajenos el resto de operadores postales”, explica UNO Logística. La única obligación de las empresas de reparto es de entregar los envíos postales en la dirección indicada en el paquete, por lo que, tal y como argumenta el informe jurídico, no procede la imposición al resto de operadores de un contrato de acceso a la red CityPaq para la entrega de paquetes en estos casilleros.

UNO lamenta los efectos anti-competitivos que puede ocasionar a los operadores privados la evidente discriminación que sufrirán si no pueden acceder a los domicilios postales con CityPaq y advierte de su posible exclusión del mercado debido al sobrecoste que las empresas incurrirían por la prestación de dicho servicio, teniendo en cuenta que no sería asumido por el operador público.

Foto: Diario de Transporte

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