El Gobierno de Portugal ha intervenido la huelga de camioneros

El Gobierno de Portugal ha intervenido la huelga de camioneros

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EFE/Lusa.- El Gobierno de Portugal ha intervenido este lunes la huelga de camioneros y ha movilizado a militares y agentes de seguridad para conducir camiones cisterna con combustible después de constatar que no se han cumplido los servicios mínimos en el primer día del paro.

La decisión se ha tomado en un Consejo de Ministros extraordinario al final de la tarde, en el que se ha acordado intervenir sólo en las áreas donde se están incumpliendo los mínimos: el suministro en el sur del país, los aeropuertos, la red de puestos de abastecimiento de emergencia y las unidades autónomas de gas natural.

La intervención del paro se realizará a través de la llamada ‘requisición civil’, un instrumento límite para el Ejecutivo, que le permite obligar legalmente a trabajar a los huelguistas que sean necesarios para garantizar servicios básicos, con incluso penas de cárcel si se niegan. La medida permite además movilizar a miembros de las Fuerzas Armadas.

El Primer Ministro de Portugal, el socialista António Costa, ya había anunciado horas antes que se habían movilizado agentes de policía y de la Guardia Nacional Republicana -cuerpo se seguridad de naturaleza militar- para transportar combustible.

En declaraciones a la prensa tras reunirse con el Presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, Costa ha explicado que han observado “una nueva realidad” durante la tarde local, en la que se han dejado de cumplirse abastecimientos esenciales.

La posibilidad de intervenir la huelga ha rondado desde el principio de la jornada, cuando el portavoz de los transportistas, Pedro Pardal Henriques, prometía el incumplimiento de los servicios mínimos, la línea roja que, sabía, desencadenaría la intervención.

Esta promesa, hecha por el “sabotaje” que denunciaron haber sufrido en los primeros repartos del día, fue rápidamente recogida por la patronal del sector, Antram, que ha solicitado con carácter “urgente” la intervención legal por parte del Gobierno.

La huelga deja ya más de 500 gasolineras del país desabastecidas, lo que supone un 17% de la red nacional. Las previsiones se han confirmado y los mayores problemas se concentran en la turística región del Algarve (sur del país) y a lo largo del litoral portugués, con mayor afluencia en agosto por ser periodo vacacional. Al margen de estos incidentes, la situación es de normalidad en gran medida por los elevados servicios mínimos fijados por el Gobierno, de entre el 50 y el 100%.

Deseoso de evitar el caos que vivió Portugal durante la anterior huelga de camioneros el pasado abril, cuando los aviones tuvieron que repostar en España y arreciaron las críticas por falta de previsión, el Primer Ministro ha desplegado una prudencia que pretende subrayar su control a apenas dos meses de las elecciones. Así se ha interpretado que haya fijado servicios mínimos del 100% para aeropuertos, puertos, servicios de seguridad, bomberos y emergencias médicas, de 75% para el transporte público y del 50% para el suministro de combustible a los particulares.

Su protesta es por tiempo indefinido, por lo que, si no es desconvocada, la situación de emergencia energética que rige en Portugal se extenderá al menos hasta el 21 de agosto, según decretó el Ejecutivo.

Incumplimiento de la requisición civil

Los conductores que no cumplan con la requisición civil incurren en un delito de desobediencia, sancionable con prisión de hasta dos años o una multa de hasta 240 días, y despido con justa causa, según los abogados consultados por la agencia de noticias Lusa.

Según el abogado de derecho laboral Luís Gonçalves da Silva la solicitud civil «hace que las personas estén disponibles para el Estado, es decir, son requeridas y el vínculo laboral es entre el trabajador y el Estado». El delito por desobediencia debe «conminarse en el acto de la requisa civil», lo que significa que los trabajadores deben ser advertidos de que el incumplimiento podría conducir a un castigo criminal, dijo Gonçalves da Silva.

En el caso de una multa, la cantidad y el período de tiempo varían según las posibilidades económicas del trabajador, que van desde cinco euros a 500 euros por día. La abogada Inês Arruda, experta en derecho laboral, también dice que el delito de desobediencia puede aplicarse en caso de incumplimiento de la requisición civil y que los trabajadores deben ser avisados, aunque cree que «no es necesario que se exprese en la ordenanza» del Gobierno.

Inês Arruda también explicó que el proceso penal comienza con una queja que puede pasar del empresario a la entidad responsable (el Gobierno u otra entidad designada) y después al Servicio de la Fiscalía y finalmente depende del juez decidir si se trata de una desobediencia simple o cualificada.

El domingo, el Primer Ministro António Costa enfatizó que violar la requisa civil «constituye un delito de desobediencia» y tiene consecuencias legales bajo el código penal. También ayer, en una rueda de prensa después del Consejo de Ministros que decidió pasar a la requisición civil, el Secretario de Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros, Tiago Antunes, enfatizó que, además de las sanciones disciplinarias, la ley prevé el «delito de desobediencia» en estas situaciones.

(Foto: Lusa)

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