Se aplaza el paro y los transportistas y Fomento seguirán negociando

Se aplaza el paro y los transportistas y Fomento seguirán negociando

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Redacción.- Casi cinco horas han estado los representantes de las asociaciones de transportistas autónomos debatiendo con la directora general de Transporte Terrestre, Mercedes Gómez Álvarez y su equipo sobre las 12 medidas que el sector considera «imprescindibles» poner en marcha de forma urgente.

Ya no sólo para mejorar su competitividad sino también para «su normal funcionamiento». Un encuentro que arrancaba a las 16:00 de ayer martes y en el que los profesionales del transporte por carretera debían decidir si continuaban adelante con el paro convocado para la segunda quincena de este mes de enero.

El resultado ha sido la firma de un entente cordial que tendrá que dilucidarse en las reuniones técnicas periódicas que Fomento mantendrá con el sector a lo largo de los próximos meses. «De momento se postpone el paro, mientras seguiremos avanzando en las negociaciones de la tabla reivindicativa», confirmaban fuentes de las asociaciones de transportistas autónomos.

Dichas reuniones técnicas se vienen produciendo desde finales del pasado año. Precisamente en una de ellas se puso encima de la mesa de Fomento el dodecálogo de peticiones al que hace apenas dos días respondía Gómez Álvarez mediante una misiva en la que se contestaba a cuatro de las propuestas, “la 1, 2, 10 y 11”, apuntan las citadas fuentes. Respecto a las restantes se pasaría la pelota del resto al tejado de los ministerios de Hacienda o Trabajo, que serían los que tendrían la competencia directa.

En un ejercicio de confianza, los transportistas requieren que el departamento que dirige José Luis Ábalos pase del gris al negro sobre blanco en lo relativo a la supresión de la conocida como Euroviñeta (tasa que se ha de abonar por circular por las autovías y carreteras estatales tanto de gestión pública como privada). A este respecto, según lo que publicaba ayer el diario digital especializado Transporte Profesional que ha tenido acceso a la carta de Gómez Álvarez, la propuesta de Fomento se concreta en “la creación de una Subcomisión de Estudio de la sostenibilidad de la Red de Carreteras del Estado con el objeto de contribuir al debate sobre la materia y establecer alternativas consensuadas”.

Cabe recordar que los transportistas tacharon de “insuficiente” y “ambigua” la reducción del 30% de los peajes en las autopistas que pasen a ser gestionadas por SEITTSA (Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre) que avanzó el titular de Fomento, José Luis Ábalos a finales del pasado año.

La segunda de las cuestiones vital para el sector es la exigencia de la derogación de los desvíos obligatorios del transporte pesado a las autopistas de peaje en determinadas circunstancias. “Ya se está realizando un análisis, por parte de la Secretaría General de Infraestructuras, para analizar posibles escenarios de actuación”, detalla Fomento.

Ni morosidad ni abusos

La morosidad en el transporte es una de las lacras que frena el desarrollo de un sector estratégico para España. Acabar con un lastre que eleva los periodos de pago hasta 150 días es otra de las peticiones que realizó el sector el pasado noviembre. A este respecto la directora general de transporte habría trasladado las demandas de los transportistas al ministerio de Justicia, que sería el depositario de las competencias en caso de una posible modificación de la Ley de Contrato de Transporte.

Ésta determina que el pago de los servicios ha de producirse en un máximo de 30 días, algo que no se está cumpliendo, ya que se permite la posibilidad de establecer «pacto en contrario». En gran medida porque, tal y como ocurre con la Ley de Morosidad, no existe un régimen sancionador. Asociaciones como Atfrie (Asociación Española de Empresarios del Transporte de Baja Temperatura) apelan al desarrollo de un sistema similar francés en el que es el Gobierno quien sanciona de oficio en caso de incumplimiento de los plazos de pago.

Solucionar los abusos que se están produciendo en las operaciones de carga y descarga es otro de los puntos en los que el sector no agachará la cérvix. Según denuncia el Comité Nacional de Transporte de Carretera, gran parte de los cargadores “obligan” a los conductores a realizar dichos trabajos. Por ello se exige que se prohíba que sean éstos quienes las realicen y que sea la Administración quien determine quién y en qué condiciones se ha de desarrollar.

Diésel bonificado para todos

La polémica subida del diésel ha calentado aún más los motores de los transportistas, que desde hace “largo tiempo” llevan demandando que las bonificaciones del gasóleo profesional se extiendan a todos los transportistas, es decir al transporte ligero.

Actualmente se limita a vehículos de peso máximo autorizado igual o superior a 7,5 toneladas y destinados al transporte de mercancías por carretera, taxistas con autorización y taxímetro y vehículos de motor destinados al transporte de pasajeros. Si bien la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó durante la rueda de prensa de la presentación de los Presupuestos Generales para 2019, en respuesta a una pregunta formulada por Autónomos y Emprendedor, que dicha bonificación se aplicaría a “todos” los profesionales del sector de transporte, la cosa no está tan clara.

Tal y como se recoge en la carta que extracta Transporte Terrestre, Gómez Álvarez afirma que “la intención del Ministerio de Hacienda es mantener el criterio actualmente aplicado en España”. Asimismo, “nos trasladó que, en aplicación de la norma comunitaria, no existe posibilidad de trasladar de ninguna forma el tratamiento de gasóleo profesional a consumido por vehículos de menos de 7,5 toneladas de masa máxima autorizada”.

Precarización y empresas buzón

“No hemos variado nuestra posición”, insisten fuentes de las asociaciones de transportistas. No obstante, si bien se mantienen firmes en sus exigencias confían en obtener una respuesta positiva de Fomento y empezar a diseñar un marco de soluciones conjuntas que acaben con la inseguridad y la precarización del sector.

En este punto, se exige el desarrollo de medidas que acaben con las empresas buzón y la competencia desleal. También piden que se regulen por Ley unos mínimos con los que se impida que impidan la realización de servicios por debajo de los costes mínimos que se recogen en los Observatorios elaborados por el Ministerio de Fomento.

Foto: Archivo Diario de Transporte

 

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