El boicot de los transportistas impide la venta de prensa por sexto día

El boicot de los transportistas impide la venta de prensa por sexto día

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Los quiosqueros, editores y distribuidores denuncian amenazas y coacciones a pie de calle, y la vulneración del derecho a la información de los lectores. Los casi 5.500 puntos de venta de prensa de la Comunidad de Madrid suman hoy seis días sin periódicos debido al plante de un grupo de transportistas de prensa.

Según publica expansion.com, la protesta, que no puede calificarse de huelga al no operar los trabajadores en calidad de empleados, al tratarse de transportistas autónomos con un contrato mercantil de prestación de servicios con el grupo Boyacá, ha impedido que EXPANSIÓN y otros periódicos hayan podido llegar normalmente a los puntos de venta.

La actuación de estos transportistas compromete el derecho a la información de los lectores, aseguran los editores. Por lo pronto, ha provocado el rechazo de quiosqueros, distribuidores y editores.»Lo único que he visto pasar son furgonetas de piquetes», asegura uno de los quiosqueros afectados, José Marcos, vocal de la junta directiva de la Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid (AVPPM). El gremio vive este conflicto «con mucho miedo» y con la sensación de ser el eslabón más débil de la cadena. «Tenemos vídeos para acusar directamente a varias personas», advierte Marcos.

240 repartidores

Detrás del conflicto se encuentran 240 transportistas, contratados como autónomos. Reciben 4.300 euros al mes por repartir prensa durante 15 días al mes en jornadas de cuatro horas. Los contratos, explica Boyacá, se firmaron en 2011, se renegociaron en 2014 y vencen el próximo 30 de agosto.

La fecha marcará la evolución del conflicto, ya que cada repartidor recibirá 90.000 euros si se rescinden los contratos con antelación a ese momento. Por lo pronto, se ha cumplido el requisito legal de anunciar su expiración con un plazo de seis meses. Boyacá afirma que quiere cambiar las condiciones para dar «sostenibilidad al negocio». Y ha denunciado «amenazas, agresiones, bloqueos y golpes con vehículos».

La mayor tensión se produjo durante el fin de semana, cuando la Policía Nacional detuvo a varias personas. Al hablar de las condiciones de los trabajadores, Dima, que es la filial del grupo Boyacá encargada de distribuir la prensa, dice que son «privilegiadas» y se encuentran «fuera de mercado».

«Vienen de la concatenación de sucesivos contratos desde hace más de 30 años en algunos casos y de la acumulación de prebendas y derechos» que, a día de hoy, no acompañan a la evolución del negocio de la prensa. Boyacá, que compró Dima en 2013, ha realizado 450 despidos en cinco años y se ha visto obligada a reestructurar varias filiales en situación de preconcurso con el objetivo de sacar adelante el negocio.

Moll: «Es inaceptable»

El presidente de la Asociación de Medios de Información (AMI), Javier Moll, calificó ayer en declaraciones a EXPANSIÓN de «inaceptable» el «boicot» realizado por los transportistas.»Impedir con violencia que los periódicos lleguen a los puntos de venta causa un daño irreparable no solo a los grupos de comunicación y a los quiosqueros, sino también, y sobre todo, a los ciudadanos, a los que se está privando de un derecho tan elemental como es el de la información», aseguró Moll.

Para el directivo, el conflicto desatado por los repartidores «es un ataque frontal a la libertad de información». «Una sociedad libre y democrática no debería permitir actuaciones intimidatorias y al margen de la ley. Entendemos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben actuar para garantizar el normal reparto de periódicos y revistas en la Comunidad de Madrid».

Moll apeló a «la sensatez de los repartidores de prensa», a quienes desde AMI se insta a que «abandonen la vía coercitiva y se sienten a dialogar». El acercamiento de posturas debe realizarse «sin el chantaje ni la violencia de los piquetes, para poner fin a un conflicto que está generando un grave perjuicio al sector y a la sociedad civil».

Un conflicto que «compromete el futuro» de todo el sector

La Unión de Distribuidores Nacionales de Ediciones (UDNE) y la Asociación Nacional de Distribuidores de Publicaciones (ANDP) lamentan en un comunicado el «grave conflicto» surgido en la actividad de reparto de diarios y revistas en la Comunidad de Madrid.

Expresan, además, «su condena más enérgica ante las actuaciones violentas de piquetes de repartidores, que sin ninguna cobertura legal pretenden coaccionar e impedir la distribución de las publicaciones periódicas y, por tanto, el derecho a la información de los ciudadanos.

Esta actuación, afirman, «perjudica y puede comprometer seriamente el futuro del resto de agentes sectoriales», entre los que figuran «puntos de venta, quiosqueros, distribuidores, editores y periodistas».

Todo ello se produce «con la única finalidad de mantener situaciones de privilegio, incompatibles con la realidad actual del sector editorial de las publicaciones impresas, en un claro declive en los últimos 10 años, y discriminatorias además respecto a los repartidores del resto de autonomías».

 

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