Los transportistas denuncian un coste de 2.800 millones por el alza del petróleo

Los transportistas denuncian un coste de 2.800 millones por el alza del petróleo

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El coste adicional para cada camión es de 7.000 euros en doce meses. Los empresarios reclaman cláusulas de revisión de los precios y exenciones fiscales.

El petróleo ha dejado de ser una amenaza para el crecimiento económico en España para convertirse en un freno para la actividad de las empresas, especialmente aquellas más intensivas en el consumo de hidrocarburos. El barril de Brent, de referencia en Europa, no ha parado de subir desde que tocó mínimos históricos y se situó en 28 dólares.

Los países productores optaron por recortar la oferta como el método más efectivo para tratar de revitalizar el precio de la materia prima, cuya bajada estaba comprometiendo los presupuestos de muchos de esos países. La apuesta les salió bien y el precio del crudo ha empezado a crecer con fuerza. Solo en el último año acumula un incremento del 46%, casi duplicando el precio del barril y situándolo en el entorno de los 80 dólares, un registro que no se veía en los últimos cuatro años.

Los sectores más afectados son el transporte terrestre y el aéreo, toda vez que son los que más combustible necesitan consumir para su actividad. Juan José Gil, secretario de general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España (Fenadismer), hace un primer cálculo sobre el impacto del encarecimiento del petróleo.

“En España hay en la actualidad 240.000 vehículos pesados y 107.000 ligeros que se dedican al transporte público y luego otros 94.000 que corresponden a flotas privadas de empresas. Eso da en torno a 400.000 camiones. El sobrecoste para un vehículo tipo de carga general derivado del alza del petróleo en el último año ha sido de 7.000 euros, pasando de una media anual de 43.000 euros a 50.000 euros.

El carburante es el principal coste de explotación y supone entre un 35% y un 40% de los costes de explotación”, remarca. Si se multiplican el número de camiones por el coste adicional, el resultado supera los 2.800 millones. Y ese tan solo es el principio, ya que los surtidores de gasolina todavía no han recogido todo el alza del petróleo. Mientras que el crudo se ha apreciado un 45%, la gasolina solo lo ha hecho un 9,2% y el gasóleo un 13,4%.

Dulce Díaz, portavoz de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, que engloba a 31.000 empresas y 150.000 vehículos, apunta dos factores que complican aún más el escenario de precios altos del crudo. El primero es la propia composición del sector. “Está integrado en su mayoría por microempresas y pymes, con poca capacidad de negociación y margen de maniobra para negociar con los clientes.

Necesitamos cláusulas de revisión de los precios con nuestros clientes, que nos defiendan frente a subidas y bajadas bruscas del precio del petróleo”. El segundo es la morosidad. La norma en vigor establece que los pagos comerciales entre empresas no deben superar en ningún caso los 30 días, algo que no se produce casi nunca y que compromete especialmente la tesorería de estas compañías cuando no tienen margen para actuar.

Hay mucha preocupación por la subida de los precios y eso unido a la dificultades de tesorería provoca una tensión sectorial importante”, asegura Díaz, que pone como ejemplo de buenas prácticas en esta materia a Francia. “Allí se protege a los transportistas obligando de verdad a pagar en 30 días. El problema de la morosidad afecta al 85% de las mercancías que se mueven y eso es muy elevado teniendo en cuenta que el margen medio es del 1% o el 2%”, subraya.

¿Cómo se puede aliviar el impacto de la subida de carburantes? El secretario general de Fenadismer apunta hacia la política fiscal. “El transporte por carretera, a diferencia del ferroviario o del marítimo, no está exento del impuesto de hidrocarburos. La única ventaja que obtiene es que se le realiza una devolución de un porcentaje del tramo autonómico. Y a esa devolución solo acceden los pesados, ya que los de menos de 7,5 toneladas no reciben nada”, precisa.

Una situación de desventaja entre los propios camioneros que se puede acrecentar este año, ya que en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 se fija una armonización al alza para la devolución del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos.

El gravamen de este tributo lo fija cada comunidad autónoma, con un máximo de 48 euros por cada 1.000 litros de gasóleo, y esa discrecionalidad ha generado una dispersión importante: el tipo máximo se aplica en siete comunidades autónomas (Cataluña, Baleares, Galicia, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha) y otras cinco en la que no se cobra (Cantabria, Navarra, Castilla y León, La Rioja y País Vasco).

Los beneficiados de esta media serían los camiones de más de 7,5 toneladas, que verían incrementada su devolución, no así los ligeros, que seguirían sin recibir nada por este concepto. Fuente original: cincodias.elpais.com

 

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