El último SOS de los trabajadores de Transportes Souto
Según informa farodevigo.es, los trabajadores de la empresa Transportes Souto lanzaron ayer un último SOS ante la situación "insostenible" que viven por el retraso en la tramitación del proceso de liquidación de la compañía a causa de un defecto en la comunicación remitida por la dirección a la plantilla.
El Juzgado de lo Mercantil 2 de Pontevedra declaró el pasado abril la disolución de Transportes Souto, con sede en Mos, con 43 delegaciones en España, mayoritariamente, y Portugal, y 650 trabajadores directos, aparte de autónomos y pymes subcontratadas que prestaban servicios para Gefco.
Parte de los empleados de la compañía en la provincia de Pontevedra, cuyo número asciende a 75, se manifestaron ayer en Vigo y han explicado que la juez no da validez a la mesa negociadora constituida hace mes y medio porque alega que no está garantizado que todos los trabajadores recibieran la notificación de la empresa.
Esto obligará a reiniciar el proceso y conllevará un retraso de unos dos meses para que los afectados puedan empezar a cobrar del Fondo de Garantía Salarial, según ha explicado el presidente del comité de empresa, José Manuel Costas.
"Estamos tocando fondo", ha proclamado Costas, habida cuenta de que llevan cuatro meses sin cobrar, no tienen la opción de buscar otro trabajo ni de cobrar el paro. Ha calculado que la empresa adeuda entre 8.000 y 9.000 euros brutos a cada trabajador afectado, ya que a las cuatro nóminas impagadas se suman los atrasos del convenio acumulados en 2017.
Costas ha recordado que Transportes Souto cesó su actividad el 14 de febrero y comunicó a sus clientes que la causa era que los trabajadores estaban en huelga, lo que era "mentira", y a los dos días solicitó el preconcurso de acreedores.
Ha criticado que la dirección no pidiera directamente el concurso porque sabía que la situación "no era salvable", y si lo hizo así fue "para hacer sus chanchullos", "cobrar facturas y desviarlas a una cuenta que aparece por ahí".
Los trabajadores de Transportes Souto denuncian que la dirección traspasó "gran parte" de su actividad a otra empresa del grupo, cuyos administradores tienen relación familiar con los dueños de aquélla.
José Manuel Costas ha indicado que, con independencia de que acaben aceptando el ERE de extinción para poder cobrar el paro, intentarán que la empresa "asuma su parte y pague, si hay de dónde sacar", a los acreedores.
En el auto de declaración de la disolución de Transportes Souto, la juez acordó destituir a los dos administradores solidarios de la sociedad y designar a un administrador concursal, a quienes los más de 50 acreedores de Transportes Souto deberán concretar lo adeudado.
Detalla la juez en su auto que la empresa pidió el 28 de marzo el concurso voluntario de acreedores por su situación de insolvencia y ante la imposibilidad de cumplir sus obligaciones, así como la apertura de la liquidación de la sociedad.
En la memoria explicativa aportada al juzgado Transportes Souto hace constar que la variación de la cifra de negocio en los últimos ejercicios no supera el 2% anual, y que entre 2014 y 2016 supuso un descenso del 1%, así como que la evolución de los ingresos de la explotación de los últimos ejercicios fue negativa.
La juez hace constar en su auto que en junio de 2017, la empresa formalizó un contrato marco con Banco Popular, Abanca y Banco Pastor, así como con la Sareb para refinanciar su deuda y recibir un nuevo crédito.
Transportes Souto justifica la petición del preconcurso en la falta de mantenimiento de las líneas de circulante por parte de algunas entidades financieras, un descenso de las ventas el pasado diciembre y que no recibió financiación de un fondo de inversión con el que había negociado, según consta en el auto.
