Piden 2 años cárcel para un guardia civil acusado de irregularidades en transportes especiales
EFE. Santander.- La Fiscalía pide dos años de cárcel, multa e inhabilitación durante seis años para un guardia civil al que se va a juzgar por un presunto delito de actividades prohibidas a funcionarios públicos, por su supuesta implicación en unas irregularidades en transportes especiales.
El juicio se celebrará con un Tribunal de Jurado en la Audiencia de Cantabria desde el próximo lunes, 26 de febrero, durante toda la próxima semana.
La Fiscalía de Cantabria acusa al guardia civil de un presunto delito continuado de actividades prohibidas a funcionarios públicos, y solicita una pena de dos años de prisión, 3.240 euros de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante seis años. El Ministerio Público acusa al guardia civil de valerse de su puesto en la Agrupación de Tráfico para aprovechar cuando actuaba como responsable del centro operativo para beneficiar a una empresa de transporte, cuya titular es su mujer.
El escrito de calificación provisional de la Fiscalía refiere tres hechos concretos, en mayo y junio de 2014 y mayo de 2015, en los que, supuestamente, este agente benefició a la empresa de su esposa. El Ministerio recoge un episodio en el que el acusado ordenó desplazarse a patrullas de Tráfico para dejar sin control zonas por las que iba a circular un camión de la empresa que carecía de autorización especial.
También indica que mandó guardias para que escoltaran un transporte que tampoco tenía ese permiso excepcional.
Al acusado se le acusa además de acelerar los trámites para lograr un permiso de transporte especial, sin la autorización administrativa preceptiva y sin pagar las tasas. La Fiscalía añade que a este guardia se le ha visto en varias ocasiones como conductor de un coche de acompañamiento en transportes especiales realizados por la empresa de su mujer. Según el Ministerio Público, lo que hacía era dar cobertura a traslados "clandestinos" para solventar las posibles incidencias que pudieran darse.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que actúa como acusación particular, denunció públicamente en el verano de 2015 que más de un centenar de transportes especiales de piezas para la construcción del Centro Botín enviadas durante 2014 pudieron realizarse sin permisos por parte de la empresa vinculada al agente encausado.
Llegó a investigarse al antiguo jefe de la Agrupación de Tráfico en Cantabria, que durante la instrucción del procedimiento quedó fuera de la causa y que está citado para declarar en el juicio como testigo.
Este asunto salió a la luz a raíz de un anónimo que recibió la Guardia Civil, que decidió abrir una investigación interna tras recibir el aviso cuyo autor no se identificaba, en el que se denunciaban irregularidades en la concesión de autorizaciones de transportes especiales. Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander abrió diligencias y, tras haber concluido la investigación, se ha señalado ya el juicio a partir del lunes. (Foto: Archivo)
