Transportistas y taxistas de Asturias se pronuncian a favor del alcoholímetro que impide arrancar
Solicitan que el 'alcolock' venga de serie para abaratar costes. El Congreso reclamó sin éxito su extensión al transporte público.
Empresarios, conductores, transportistas y taxistas. Todos aplauden el acuerdo alcanzado por ALSA con los sindicatos UGT y CC OO, para dotar a los autobuses del 'alcolock'. El sistema funciona como un etilómetro conectado al motor de forma que condiciona su arranque. Aunque el conductor gire la llave, el vehículo no se mueve si no sopla. Si su nivel de alcohol expirado es superior al permitido, el ingenio mantiene bloqueado al autobús. Supone por tanto una herramienta útil para atajar una de las lacras más persistentes de la seguridad vial. Según datos del Instituto Nacional de Toxicología, el 43% de los conductores fallecidos en 2016 dieron positivo en alcohol o drogas.
El pacto con las centrales permite a ALSA dar el primer paso en España respecto a una tecnología más extendida en el resto del continente. Según la ONG Consejo Europeo de Transporte Seguro, Finlandia, Suecia, Polonia, Dinamarca, Austria, Holanda, Bélgica y Francia han ido aprobando en los últimos años normas que imponen este antiarranque. Algunos lo ciñen al transporte público, otros lo extienden a los conductores reincidentes, a los que se lo ofrecen como alternativa a la pena privativa de carné de conducir.
«Hace veinte años conocí al inventor del 'Autolock' y venimos pidiendo que se extienda ese sistema», indica Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. «Nosotros no queremos aplicar el Código Penal, meter a la gente en la cárcel, poner multas. Esa no es la solución. Lo que hay que hacer es utilizar la tecnología para prevenir», indica. Por ello Arnaldo reclama una acción conjunta en Bruselas. «Las normas de fabricación que, por ejemplo, obligan a que los coches lleven cinturón, las decide la Unión Europea, y es la que debería exigir a los fabricantes que lo pusieran», indica. En el ámbito nacional, no obstante, hay competencias que se pueden utilizar. «Francia lo impuso en 2006 en el transporte escolar, y desde 2013 para el resto de autobuses», señala.
En España nada se ha avanzado en el campo legislativo, a pesar de que el Congreso de los Diputados lo pidió por unanimidad en 2008. Gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y los socialistas presentaron una propuesta no de ley para seguir la estela gala e iniciar «los estudios oportunos». El PP quiso ir a más, y en una enmienda registrada por Soraya Sáenz de Santamaría reclamó fijar un plazo máximo según el cual partir de 2013 «todos los vehículos matriculados en España deberán incluir el 'alcolock' como equipamiento de serie». Finalmente hubo acuerdo y toda la Cámara aprobó pedir al Gobierno que analizara cómo obligar a utilizar el antiarranque en autobuses y con los conductores reincidentes en el alcohol.
Unos 380 euros en Francia
La falta de avances legislativos en esa línea afecta a los usuarios, pero también a los empresarios. «Ahora mismo no podemos ni someter a los conductores a un control de alcohol y drogas sin su consentimiento; la ley nos lo impide», lamenta Ovidio de la Roza, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Todo avance queda así condicionado a la negociación con los sindicatos. «Lo de ALSA es una buena medida y ojalá se extendiera más», dice.
La obligatoriedad es la clave para lograr el éxito en la cuestión, según un estudio de la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automovil (Fitsa). Tras analizar el resultado en otros países, estimó que «el número de conductores sancionados que deciden instalar el dispositivo está comprendido, excepto en contadas ocasiones, entre un 10 y un 20%» de los que han sido condenados a la retirada del carné. El motivo de tan baja proporción parece residir en lo costoso del sistema. En Francia la instalación cuesta 200 euros, se cobran 130 más por el alquiler del aparato y 50 por la gestión. Son en total 380 euros pero si hay incidencias cabe sumar 65 euros más y el curso de sensibilización complementario precisa de 200 euros.
Instalar el aparato es costoso «pero el precio sería asumible si viniera de serie», propone Artemio Ardura, secretario general de la Federación Asturiana Sindical del Taxi. El colectivo tuvo el último susto a inicios de año, cuando un compañero fue sorprendido en Oviedo quintuplicando la tasa permitida. «Es un hecho puntual; a casi ningún conductor le retiran el carné», expone. Con todo, Ardura aprueba su aplicación. «Adoptar estos sistemas dan prestigio a quien lo hace», valora Raimundo García, presidente de la Asociación Española de Accidentología Vial, quien recuerda no obstante que «la siniestralidad en general aumenta, pero no entre los conductores profesionales».
La Corriente Sindical de Izquierda no está «de acuerdo ni con las formas ni con las demandas del acuerdo, que son totalmente sancionadoras» y asegura que demandará judicialmente el acuerdo. Fuente original: elcomercio.es
