La PTP pide a la Generalitat que financie el transporte y al Estado que mejore las infraestructuras

La PTP pide a la Generalitat que financie el transporte y al Estado que mejore las infraestructuras

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EFE. Barcelona.- La asociación Promoción del Transporte Público (PTP) ha exigido hoy a la Generalitat que haga ejercicio de sus competencias y financie el transporte público de Barcelona y que el Estado mejore las infraestructuras, como los túneles de Rodalies.

En un comunicado, la PTP considera que es «mucho más razonable y productivo» exigir al Estado la mejora de las infraestructuras de transporte público de su competencia, como los citados túneles o el prometido carril bus de la B23, «que aportar dinero» a un servicio que está íntegramente transferido a Cataluña.

Estas exigencias se acordaron en la última asamblea extraordinaria de socios de la PTP, celebrada el pasado día 20 de este mes, y ante una próxima reunión del consejo de administración de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (compuesto por la Generalitat al 51 %, el Ayuntamiento de Barcelona al 25 % y el Área Metropolitana de Barcelona, al 24 %), para aprobar las tarifas de 2018.

A juicio de los miembros de esta asociación, el sistema tarifario integrado de la Región Metropolitana de Barcelona tiene «dos graves anomalías que no centran el debate político: la falta de políticas de fidelización de los usuarios y un sistema de coronas irracional».

«El objetivo debería ser incrementar la fidelización de los usuarios más habituales, para favorecer la calidad del aire y reducir el impacto sobre la economía familias, así como incrementar la recaudación sobre los usuarios menos habituales, especialmente turistas y visitantes», se argumenta en la nota.

También piden al equipo de gobierno de Barcelona que cumpla su programa electoral con la defensa del abono mensual T-Ambiental y a la Generalitat cumplir con las nuevas medidas de financiación presentes en la ley 231/2015. Esta ley contempla un recargo sobre el Impuesto de actividades económicas (IAE) de superficies comerciales con una facturación anual de más de un millón de euros dotados de transporte público urbano de alta frecuencia, un recargo del Impuesto de bienes inmuebles (IBI) y una contribución especial de los grandes acontecimientos generadores de movilidad, entre otras medidas.

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