Batalla europea por la reforma de la directiva de trabajadores desplazados
La propuesta para acabar con el dumping social o competencia desleal en el terreno laboral enfrentó ayer a los ministros de Empleo de los países del centro de Europa con los del Este y la periferia, radicalmente opuestos a una reforma que ven como una forma de reducir su competitividad por la puerta de atrás. La iniciativa es una prioridad para el presidente francés, Emmanuel Macron, que ha intensificado los contactos en los últimos días para sacar adelante la reforma europea cuanto antes.
La polémica gira en torno a la revisión de la directiva sobre trabajadores desplazados, una normativa aprobada en 1996 que permite enviar personal por un periodo de tiempo limitado a otro país pagando el salario mínimo del país de destino pero cotizando en el de origen. Aunque las cifras absolutas son limitadas, el fenómeno ha ido en aumento en los últimos años, especialmente a raíz de la última gran ampliación del club.
España y Francia pactan una propuesta sobre cómo regular el transporte por carretera
En la práctica, los trabajadores desplazados pueden estar cobrando un 50% menos que los locales. Francia y Alemania lideraron los llamamientos a la Comisión Europea para revisar la directiva. La clave: el mismo sueldo por el mismo trabajo.
La ministra francesa de Empleo, Muriel Pénicaud, se empleó ayer a fondo para tratar de tender puentes con el Este para aprobar la reforma, pendiente todavía de negociación con el Parlamento Europeo. Pero tras doce horas de discusiones, al cierre de esta edición las diferencias persistían. Estonia, que este semestre ocupa la presidencia de turno del Consejo, presentó varias propuestas de compromiso sobre los tres grandes temas que llegaron sin acuerdo previo a la mesa de los ministros: la duración del desplazamiento, su aplicación al sector del transporte por carretera y los plazos de entrada en vigor de la revisión. “Puedes estar muy cerca del acuerdo y, sin embargo, no llegar”, admitió el ministro estonio de Empleo, Jevgeni Ossinovski, antes de disolver la sesión por enésima vez.
El acuerdo entre Francia y España para una propuesta de compromiso sobre la aplicación de la directiva al transporte por carretera, al que pronto se sumaron otros países, permitió hacer avanzar el debate sobre uno de los puntos más delicados. Actualmente, el sector no está incluido. En la propuesta de reforma original, sí.
Con la llegada al poder de Macron, se convirtió en una línea roja irrenunciable para Francia. España, por su parte, no se oponía completamente a la introducción del transporte por carretera y el cabotaje en la nueva directiva, como en cambio han hecho los países del Este, pero exigía un trato específico para tener en cuenta la situación geográfica de algunos países y no convertirla en una pesadilla burocrática para las empresas.
Macron abordó el conflicto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una reunión bilateral en los márgenes de la cumbre de Bruselas. La propuesta española para que la directiva se aplicara a los camioneros sólo a partir del quinto día en ruta dejó paso finalmente a otra, pactada con Francia, que permite a ambas partes salvar la cara: incluir el sector en la directiva pero no aplicarla hasta que se apruebe otra normativa, actualmente a debate y específica para el sector de transporte, que detallará las condiciones precisas para los trabajadores.
Portugal se sumó también rápidamente a la propuesta, pero no así Irlanda, que pidió más garantías sobre su aplicación en la práctica, ni en un primer momento los países del Este. El pulso entre los países del centro y la periferia por los transportes, por tanto, continúa. Mientras los segundos se mantengan unidos, tendrán mayoría de bloqueo para impedir una nueva normativa contraria a sus intereses.
Anoche tampoco se había logrado un acuerdo sobre el periodo máximo que los trabajadores pueden estar desplazados. La normativa actual autoriza hasta 24 meses, periodo que la Comisión propuso mantener. Francia, Alemania, los países del Benelux e Italia, entre otros, quieren reducirlo a 12 meses. La presidencia estonia planteó fijarlo en 20 meses para satisfacer a los países del Este. Tampoco funcionó. La última propuesta de compromiso es que sea ampliable a 24 en los casos en que esté “razonablemente justificado” por el tipo de trabajo.
Fuente: lavanguardia.com
