Un funcionario de aduanas del puerto de Rotterdam condenado a 14 años de cárcel
El Tribunal de Rotterdam condenó ayer al funcionario de aduanas Gerrit G., de 56 años, a 14 años de prisión acusado de corrupción. La pena es inferior a la solicitada por la fiscalía que pedía la pena máxima de 16 años.
Según las investigaciones realizadas durante el procesamiento, se estima que Gerrit G. habría recibido al menos 3,5 millones de euros durante el tiempo que estuvo realizando las prácticas corruptas como oficial de aduanas seleccionando los contenedores que había que inspeccionar en el puerto de Rotterdam.
Según el departamento de aduanas que controla los contenedores sospechosos calificados como "verdes", el transito de estos aprobados entre 2014 y 2015 incluyeron partidas de cocaína de entre 400 y 3.000 kilos que fueron aprobados por el detenido. Está fue la principal sospecha que llevó al Tribunal a condenar al acusado porque se guiaba por sobornos importantes de dinero. El presidente del Tribunal en su sentencia sostiene que: "Tan solo se le pagó a él, por lo que no quería compartir el negocio ilegal con nadie". "Esta situación ha perjudicado seriamente la reputación del puerto de Rotterdam por la entrada de grandes cantidades de droga dura en nuestro país. La tarea principal del funcionario de aduanas es asegurar nuestras fronteras contra este tipo de delincuencia y es preocupante porque ha socavado la garantía real del puerto".
El oficial de aduanas recibía el 7,5% del valor de los envíos de droga que dejaba pasar como recompensa. En el registro llevado a cabo en su casa se encontró una bolsa con 1,1 millones de euros y para el blanqueo de dinero abrió una tienda dedicada a la venta de artículos de segunda mano. Durante las investigaciones, se constató que viajaba de forma regular en clase business a Curazao, donde se compró un yate valorado en 200.000 dolares.
En la misma operación fueron detenidas otras tres personas, Dennis Van den B, de Rotterdam, René F. Schiedam y André Van der H, de Utrech. Han sido condenados a diez, cuatro y tres años de prisión respectivamente. Fueron declarados culpables de soborno y blanqueo de dinero. Además, uno de ellos fue declarado culpable de importar cocaína procedente de América del Sur. El Tribunal defendió que los métodos llevados a cabo durante la investigación estaban autorizados y dentro de los límites de las competencias. Las defensas de los acusados se quejaron en repetidas ocasiones de como se estaba llevando acabo la misma.
