La Diputación de Guipúzcoa sigue con su plan de peaje de la N-1 pese al recurso ante el TSJPV - Diario de Transporte

La Diputación de Guipúzcoa sigue con su plan de peaje de la N-1 pese al recurso ante el TSJPV

Recibe «sin sorpresa» el anuncio de demanda formulado por el sector estatal del transporte, que valora solicitar al juez la suspensión cautelar. Hace demasiado tiempo -dos largas décadas- que la idea de implantar un peaje en la N-1 se barrunta en la Diputación Foral de Gipuzkoa como para no calibrar los efectos colaterales de tomar la medida, así que el departamento de Infraestructuras Viarias conoce tan bien las ventajas pretendidas con el sistema de cobro, como las reticencias que suscita.

Lo de que el sector del transporte de mercancías de todo el Estado iba a oponerse al peaje estaba asumido en la institución foral, por lo que la diputada del ramo, Aintzane Oiarbide (PNV) dijo ayer haber recibido «sin sorpresa» el hecho de que el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) haya interpuesto, tal y como adelantó ayer DV, un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Y en este caso, la ausencia de extrañeza implica ausencia de sobresaltos en la hoja de ruta. «Continuaremos con el proceso de la implantación del peaje con total normalidad», aseguró ayer una diputada foral que, no en vano, acumula cientos de horas de buceo entre informes jurídicos referentes al establecimiento de un canon a vehículos pesados en la N-1. Significa esto que Bidelan, empresa a la que en diciembre se adjudicó la instalación y gestión del peaje durante cuatro años por 16 millones, ya se encuentra definiendo su cronograma de actuaciones. Especial relevancia cobrará en ese plan de trabajo el diseño del software que controlará el pago del canon. Fuere como fuere, la previsión pasa por tener operativo, en fase de pruebas, el sistema de arcos durante el segundo semestre de este año para que a inicios de 2018 el cobro empiece a ser efectivo.

Esa planificación sigue siendo la misma antes y después del 12 de enero, fecha en la que el CNTC dio entrada a su recurso en el alto tribunal vasco. Lo que quedó registrado, sin embargo, fue una declaración de intenciones que permitió que empiecen a correr los tiempos del proceso judicial, porque la demanda será presentada durante los próximos días.

El procedimiento judicial seguirá su curso ya que el TSJPV admitió a trámite el recurso el pasado día 18 de enero, tal y como confirma un portavoz de Fenadismer, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, la segunda organización con mayor peso específico en el CNTC con un 15% del comité. El hecho de que el inicio del cobro no se prevea hasta inicios del próximo año otorga un margen de maniobra al sector, y dicho portavoz avanza que «podríamos valorar solicitar la suspensión cautelar de la implantación del peaje si se comprobara que los perjuicios serían irreparables»

Ese extremo llegaría en una fase más avanzada del procedimiento. Ahora, lo que procede será redactar la demanda, donde la argumentación principal será, señala la misma fuente, el hecho de que «se vulnera la normativa estatal sobre traspaso de competencias en materia de carreteras, al romper la unidad de mercado con el resto del territorio español».

Contra una norma foral

Dicho argumento junto a otros que alegan discriminación del sector frente a vehículos privados o autobuses darán cuerpo a una reclamación judicial que aún no se ha materializado. Por eso señaló ayer Ain-tzane Oiarbide que «no tenemos conocimiento del recurso ni en Diputación ni en Juntas Generales, por lo tanto, ignoramos en qué se basa». Añadió que «cuando llegue, las Juntas Generales enviarán el expediente y entonces conoceremos en qué se basa el recurso y plantearemos nuestra defensa».

La doble mención a la Cámara guipuzcoana no es baladí. El recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto contra una norma foral, la 7/2016 de 15 de diciembre, aprobada por el Parlamento de Gipuzkoa. Es, por tanto, una decisión adoptada por el órgano que representa la soberanía popular guipuzcoana, y no una medida del Gobierno de turno, lo que pasa a estar judicializado. Se da la circunstancia además de que dicha norma foral fue aprobada sin oposición, con 28 votos a favor y 17 abstenciones.

En cualquier caso, los servicios jurídicos de la Diputación examinarán la demanda, cuando llegue, para confrontarla con sus argumentos. Todo indica que será un juez el que termine por dictar sentencia en torno al peaje de la N-1, aunque como punto de partida la diputada de Infraestructuras Viarias sostiene que «es más justo que todos los usuarios de esa carretera paguen su mantenimiento. No podemos ser los guipuzcoanos los únicos que paguemos el mantenimiento y la mejora de esta infraestructura». En este punto, recordó que 12.000 camiones utilizan la N-1 cada día y «más del 60% no son de Gipuzkoa».

No será el de los tribunales el único frente que tendrá que sofocar la Diputación por su empeño en implantar un sistema de cobro entre Irun y Etzegarate. Según acordaron el martes en Madrid las dieciséis asociaciones que conforman la sección de mercancías del CNTC, el sector también recurrirá a otras «medidas de presión». El propio Comité Nacional emitió ayer un comunicado señalando que «ha acordado por unanimidad que a partir del mes de septiembre, y previa coordinación con las organizaciones de transporte de Gipuzkoa, se adoptarán las medidas de movilización que se estimen necesarias para manifestar nuestra oposición frontal a dichos peajes».

Tampoco esto modifica el planteamiento foral, firme en su postura de lograr con el canon a vehículos pesados el doble objetivo de financiar la N-1 y descongestionar al mismo tiempo esta vía. El Departamento de Infraestructuras Viarias estima que una cuarta parte de los camiones que hoy circulan por esta carretera gratuita se desviarán hacia la autopista -AP-1 y AP-8- una vez tengan que abrir la cartera para cubrir el trayecto en su ruta desde la frontera al sur, o viceversa. En números redondos, estaríamos hablando de que casi 1.500 vehículos pesados «desaparecerían» de la carretera nacional, que pasaría a soportar menos de la mitad (47,4%) del tráfico de paso por Gipuzkoa, en lugar del 63,2% actual. En cuanto a lo del dinero, la pretensión es la de poder destinar a otras necesidades los 3 millones de euros que cuesta el mantenimiento de esta carretera y que se podrían obtener con el peaje en lugar de con los impuestos de todos los guipuzcoanos.

Fuente: diariovasco.com

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