Acusados dos guardias civiles de aceptar dinero por quitar multas a camioneros
La Fiscalía de Málaga pide en sus conclusiones provisionales cinco años de prisión para dos guardias civiles a los que acusa de cohecho y revelación de secretos, delitos que habrían cometido, siempre según el ministerio público, por pedir dinero o regalos a los transportistas a cambio de quitarles las multas impuestas, librarlos de las mismas o avisarles de los lugares en los que se iban a realizar los controles.
También se les piden sendas multas de 10.800 euros y 15 años de inhabilitación. Se le pide una pena idéntica al cuñado de uno de los agentes, que actuaba como intermediario. Los hechos ocurrieron a principios del verano de 2015 en Málaga capital. El acusador público reclama asimismo seis años de prisión y multas de 10.800 euros para cinco transportistas por cohecho y revelación de secretos.
Dice el fiscal, "durante tiempo indeterminado anterior al mes de julio de 2015, dos agentes de la Guardia Civil con destino en el Subsector de Tráfico de la Comandancia de Málaga, se pusieron de acuerdo con un tercero, cuñado de uno de ellos, quien desde su condición de particular coopera con los dos funcionarios, aprovechando el acceso a la información propia del ejercicio de su cargo dada su relación con los compañeros del Subsector de Transportes, para presionar a los propietarios de empresas de transporte por carretera y solicitarles dinero y regalos a cambio de no cumplir con las obligaciones de su cargo".
A cambio de estos sobornos se comprometían a no imponer las multas a los camiones pese a la comisión de infracciones graves, bien por sobrepasar el peso máximo autorizado de mercancía, "bien por no llevar la correspondiente documentación en regla, ofreciendo siempre un trato de favor a cambio de contraprestaciones de toda índole". Esas contraprestaciones serían dinero en efectivo y regalos, "en algunos casos previamente concertados y en otros solicitados tras la materialización del trato de favor a modo de agradecimiento, exigencias que excedían de sus competencias al corresponder dichos controles de tráfico a los agentes destinados en el Subsector de Transportes".
Así, el 19 de mayo de 2015, con ocasión de un control de pesaje de camiones en el polígono de Trévenez, interceptaron un camión que no había pasado la ITV. Así, llamaron al dueño de la empresa intimidándolo dice el fiscal, en relación a la cuantía elevada de las multas y la posibilidad de un arreglo amistoso. Concentaron el 20 de mayo una cita con él en un bar del mismo polígono, donde los dos agentes le pidieron 600 euros al trimestre a cambio de evitar sanciones, además de obtener información sobre la ubicación de los controles de pesaje a fin de sus camioneros los evitaran.
Para "intimidarlo", interceptaron uno de sus camiones con exceso de peso y llamaron al dueño e la empresa para solicitarle la cantidad, omitiendo la imposición de la multa. El empresario denunció los hechos ante la Guardia Civil de Málaga, tras lo que comenzaron a efectuarse las correspondientes escuchas. El denunciante ha quedado fuera de la acusación de este procedimiento, que se enjuiciará en el Tribunal del Jurado
En el escrito, se relatan los casos de cinco empresarios que se prestaron a colaborar en estos sobornos. A uno de ellos, por ejemplo, le habían parado, dice el fiscal, varios de sus camiones durante años imponiéndole múltiples denuncias por exceso de pesaje. Uno de los agentes acusados le pedía una retribución a cambio de evitar las sanciones. El empresario, que ya no pudo más, entregó en junio de 2015 un sobre de dinero, llamado por ellos en las comunicaciones "fotocopias".
Asimismo, dice la Fiscalía, los agentes accedían a la información reservada del Subsector de Transportes, bien con visitas por dichas dependencias al amparo de la confianza de ser todos compañeros, bien accediendo a esta oficina con una llave que uno de ellos manejaba. La información que buscaban era la relativa a la ubicación de los controles de pesaje de vehículos y la hacían llegar a los transportistas que se habían concertado con ellos a través de SMS o Whatsapp.
En los mensajes, se usaba siempre un lenguaje velado ya convenido que venía a identificar en realidad los puntos de control e identificación establecidos por la Agrupación de Tráfico. Empleaban expresiones tales como "cambio Antequera café", "mañana picoteo en varios bares. No vengas comido, un dí aes un día", "Huertecilla y cambiamos luego a Cruzcampo", "Huertecilla y Guadaljorce", "paramos a tomar café en venta Cotrina", "Estamos en la rotonda del mercado" o "despejado".
Así, el 16 de junio de 2015, tras ser convocados a una reunión con un superior donde sorpresivamente este cambió la ubicación de todos los controles, cada uno de los agentes se apresuró a remitir a sus contactos dicha información con objeto de que se beneficiaran de ellas y no fueran interceptados. En el registro de la casa de uno de los acusados se intervino documentación, notas manuscritas, móviles, cargadores, 10.640 euros en un sobre, entre otros. En el registro de la vivienda del otro, se halló numerosa documentación, móviles, material informático y notas manuscritas.
Fuente: laopiniondemalaga.
