Los jueces díscolos de la DGT: cientos de multas anuladas por las dudas legales que plantean - Diario de Transporte

Los jueces díscolos de la DGT: cientos de multas anuladas por las dudas legales que plantean

Una conductora fue multada el verano pasado por la Guardia Civil cuando circulaba por la N-VI. El motivo: tener instalado un detector de radares en su vehículo, y la sanción, 200 euros de multa y la detracción de tres puntos del carnet. Pero ahora un juzgado de Segovia ha anulado la denuncia en la primera sentencia de España que pone en cuestión la prohibición de este tipo de mecanismos, recogida por la Ley de Seguridad Vial.

Es el último varapalo judicial para la Dirección General de Tráfico (DGT), pero no el único. Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, encargados de resolver los recursos que presentan los conductores ante una multa, aplican diferentes criterios de interpretación, lo que está poniendo en cuestión no pocos artículos de la normativa actual.

Así lo denuncian desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el mayor colectivo de defensa de los intereses de los conductores, y protagonista de las victorias judiciales más sonadas. Su presidente, Mario Arnaldo, lamenta que “como estos asuntos no pueden ir al Supremo para que cree jurisprudencia, un juzgado dicta una sentencia y otro, la contraria”. Como consecuencia, “se está generando una gran inseguridad jurídica”, lo que ellos denominan como “la lotería de la justicia”.

En el caso del detector de radares, el juez en cuestión argumentó que “la simple instalación de estos mecanismos no es una acción típica o antijurídica, por ello, la administración debe probar que la sancionada utilizó dicho detector, no simplemente su instalación”.

Pero si hay una infracción que está generando quebraderos de cabeza a la DGT es el exceso de velocidad. La aplicación del margen de error en las multas realizadas por los radares ha motivado “cientos” de sentencias favorables a los conductores que deciden reclamar. En la mayoría de los casos no se consigue anular la sanción por completo, pero sí reducir su gravedad.

Así ocurrió con dos sentencias judiciales del año pasado, una del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid y otra del número 2 de Burgos. Concretamente, exigieron reducir el importe de las sanciones de 300 a 100 euros, sin pérdida de puntos, porque no se había aplicado correctamente el margen de error del radar utilizado.

De igual forma, los denominados ‘foto-rojo’, radares que saltan cuando un conductor se salta un semáforo, han propiciado numerosas sentencias favorables al conductor. La última ha llegado este mes en Madrid, donde un juez ha anulado una multa de 200 euros y 4 puntos al poner en duda este sistema de control.

Según señala la sentencia, “para imponerse tan grave sanción debe quedar constancia de que el conductor pudo haberse detenido antes de cambiar a rojo, y para ello conocerse si el semáforo tenía fase ámbar, y cuánto duraba la fase ámbar; y, si era suficiente para detenerse antes de la fase roja teniendo en consideración el tiempo de reacción de un conductor medio”.

Con estos precedentes -y otros como los fallos en el sistema de comunicación Testra- no es de extrañar el alto nivel de impago en las multas de tráfico. En la actualidad, solo los conductores aragoneses tienen más de un millón de multas sin pagar a la DGT. En toda España ascienden a 20 millones de sanciones a la espera de ingresar el dinero. De hecho, pese a los descuentos por pronto pago, de media los aragoneses tardan 122 días en hacer frente a sus denuncias.

Cambios en el Supremo

Para Arnaldo, todos estos precedentes están creando una situación de indefensión de los ciudadanos por la aleatoriedad de las sentencias. Si bien es cierto que la mayoría dan la razón a las autoridades de tráfico, no lo es menos que cada vez hay más jueces díscolos en sus interpretaciones.

Una realidad que podría cambiar a partir del próximo mes de julio, cuando se ponen en marcha una serie de cambios jurídicos que, entre otras modificaciones, permitirá recurrir ante el Tribunal Supremo los fallos dictados en las salas de los Contencioso.

Algo que en la actualidad no pueden hacer los conductores -por la baja cuantía de las multas-, pero sí las administraciones. “El Supremo va a ser muy restrictivo, y será difícil que te admitan el recurso, pero por lo menos ya habrá una posibilidad, y no será imposible como hasta ahora”, reconoce Arnaldo.

La importancia de que el Supremo se pronuncie ante alguna de estas causas es la jurisprudencia que siente, que podrá ser argumentada en futuras reclamaciones.

heraldo.es

¡Publicamos tu noticia! Puedes enviarnos tu denuncia, fotos, audios y sucesos a través de whatsapp +34 649 43 26 91 o por e-mail: sucesos@diariodetransporte.com

Etiquetas