Auvasa tendrá que abonar 88.000 euros a 22 conductores - Diario de Transporte

Auvasa tendrá que abonar 88.000 euros a 22 conductores

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha confirmado la sentencia de un juzgado de Valladolid, que reconoció el derecho de 22 empleados de Autobuses Urbanos de Valladolid S. A. (Auvasa) para cobrar los incrementos salariales correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012 que, pese a estar recogidos en el convenio colectivo, no se les aplicó por no haber suscrito el acuerdo extraestatutario firmado por Comisiones Obreras, al que luego se adhirieron CSIF y UGT.

En concreto, la cantidad que deberá abonar la dirección de Auvasa es de 88.469 euros para este grupo de conductores, principalmente. Los empleados, respaldados por el sindicato independiente Candidatura de Trabajadores de Auvasa (CTA), presentaron demanda a finales del 2013 ante el Juzgado de lo Social 3 de Valladolid, en la que reclamaban el abono de los incrementos salariales desde el 2009, que superaban acumulados el 3%. Ello supone que los empleados afectados cobrarán alrededor de 4.000 euros de media.

Según la sentencia, el pacto extraestatutario fue impugnado por CTA, mientras se acordó un nuevo convenio, que está vigente desde diciembre del 2013 y que lo incorporaba.

El hecho de que no se firmase por estos trabajadores sirvió a la anterior dirección de Auvasa para no abonarles los incrementos salariales de cuatro años. Se amparó en que la normativa laboral fija que los empleados que no se sumen a un acuerdo pueden quedar excluidos.

Ahora, en su sentencia del pasado 16 mayo, el Alto Tribunal de Justicia, que condena a pagar las costas al Ayuntamiento, recuerda que hubo con carácter previo un acto de conciliación en el que la empresa se negó a reconocer este derecho.

Final de litigios

Con el final de este pleito concluye el rosario de reclamaciones y conflictos, que tanto los sindicatos con representación en Auvasa como la anterior dirección, han mantenido desde el año 2010.

Conflictos colectivos que abarcaron reclamaciones económicas, la aplicación de un calendario de descansos, el reconocimiento del derecho de huelga (que protagonizaron los trabajadores en diciembre del 2012), o la aplicación de una pausa de 30 minutos para los conductores durante la jornada diaria de ocho horas, de acuerdo con la normativa de transporte por carretera.

Fuentes de la dirección de la empresa, cuyo Consejo de Administración preside el concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, indicaron que se acata la sentencia por lo que se pagarán los más 88.000 euros de atrasos en breve. Esta cantidad se encuentra depositada en una cuenta judicial, tal y como marca la ley de la Jurisdicción de lo Social.

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