Los camioneros gallegos reclaman 23 millones a la Seguridad Social
Nuevo frente, judicial y económico, para los transportistas, tras la controversia abierta con la devolución del ya declarado ilegal céntimo sanitario. Las empresas, y también autónomos, cuya actividad principal sea el transporte pesado de mercancías por carretera y hayan tenido conductores de vehículos de más de 3,5 toneladas podrán solicitar la devolución de ingresos indebidos por diferencias de un 3 % en las cotizaciones relativas a los accidentes de trabajo.
Estas compañías han venido pagando a la Seguridad Social un 6,7 % de cotización, pero este tipo solo es aplicable a las empresas que tienen en sus plantillas a conductores de vehículos pesados, pero cuya actividad principal no es el transporte por carretera. Esto es lo que se deduce de una reciente sentencia de la Audiencia Nacional y que está sirviendo de base para las solicitudes de devolución que se están presentando en la comunidad gallega.
El despacho de abogados y asesores fiscales Caruncho, Tomé & Judel, con sede en A Coruña, asegura que en la comunidad gallega hay 4.456 empresas de transporte pesado, con 10.783 contratos laborales registrados bajo el epígrafe de conductor. Esto significa que el montante de las reclamaciones a la Seguridad Social por parte de los camioneros, solo en la comunidad gallega, se situará en el entorno de los 23 millones de euros.
«Para unas bases de cotización de unos 1.600 euros al mes, la devolución rondaría los 2.304 euros por los cuatro años no prescritos de cada trabajador que haya cotizado un 6,7 % de la base, en lugar del 3,7 %, siempre que la actividad principal de la empresa se corresponda con el transporte», explican desde el despacho coruñés.
Con el objetivo de poner fin a las reclamaciones que se han venido planteando, el Gobierno central estableció - a través de la Ley General de Presupuestos del Estado y con efectos del 1 de enero-, un criterio común que evita, precisamente, el problema de cotización que se había generado hasta ahora. Esto significa que los transportistas gallegos solo podrán solicitar la devolución de ingresos indebidos por períodos anteriores a enero del 2016, fecha desde la cual las empresas han pagado de forma correcta por el nuevo desarrollo normativo.
Los trabajadores de las oficinas de la Seguridad Social ya han recibido una circular interna en la que se dan instrucciones de que todos los expedientes que presenten en relación a este asunto sean denegados. Esto obligará a la parte demandante a acudir a la vía judicial para recuperar los ingresos derivados de los cobros irregulares.
Esta es, al menos, la respuesta ofrecida a un letrado por parte del departamento de Devolución de Ingresos Indebidos de la oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social número 7, situada en la Plaza de Vigo de A Coruña.
«Estábamos detrás de ellos porque sabíamos desde hacía tiempo que todos los expedientes que estaban presentando los transportistas por sus reclamaciones se arrinconaban a la espera de una respuesta precisa de Madrid», explica un abogado. Consultada al respecto desde este diario, la Seguridad Social asegura que se están estudiando los casos, sin profundizar en detalles.
El sector gallego del transporte de mercancías por carretera agrupa en la comunidad a algo menos de 7.000 empresas, según los últimos datos actualizados por el Ministerio de Fomento. Después de los duros años de ajuste con la crisis, la estructura empresarial se mantuvo estable durante el 2015, sobre todo en el transporte pesado; sin embargo, se trata de un negocio dominado en Galicia por las microempresas, aunque con una aportación relevante importante a la riqueza de Galicia: esta actividad representa el 5 % del PIB y da empleo a 20.000 trabajadores.
En un informe elaborado por el Consello Galego da Competencia hace casi diez años, y en el que se analizaban las características del sector, se hablaba de un mapa atomizado, en el que abundan los pequeños empresarios que actúan en el mercado a título individual. «La falta de formación específica de los trabajadores hace que estos, en algunos casos, trabajen bajo costes sin saberlo, lo que provoca una abundante oferta de servicios y confiere a los cargadores una posición dominante en la negociación de las tarifas», aseguraba el documento.
Gran parte de esos problemas siguen vigentes hoy. En el 2014, Fegatramer, una de las asociaciones del sector, llevo al Parlamento sus quejas, entra las que estaban los elevados peajes, lo que incide en la seguridad al utilizar los camiones más vías secundarias.
