Iniciativa europea por un transporte justo
“Un transporte Justo en Europa” es la denominación de una Iniciativa Ciudadana Europea que pretende la intervención de Bruselas ante condiciones empresariales basadas en el dumping social y salarial (contrataciones ilegales o mal pagadas, aprovechando sociedades irregulares o legislaciones permisivas) que suponen tanto una competencia desleal entre empresas como un abuso de las condiciones laborales.
La iniciativa, formula siete propuestas concretas que la Comunidad Europea puede asumir para mejorar las condiciones laborales y garantizar la competencia leal para las compañías que respetan la ley en los diferentes sectores del transporte.
Básicamente, la propuesta solicita a la Comisión que “garantice una competencia equitativa entre los distintos modos de transporte y un trato igualitario al personal (respetando el principio de igualdad de salarios y de condiciones laborales), independientemente de su país de origen”.
Los defensores de esta iniciativa manifiestan que la idea de un transporte justo tiene que ver con condiciones laborales justas y competencia leal, así como con la seguridad de los consumidores y los pasajeros.
Argumentan que muchos de los 11 millones de trabajadores y trabajadoras del transporte con los que cuenta Europa se ven obligados a soportar deplorables condiciones de trabajo y de vida a causa de la insuficiente o mala legislación que aplica la Unión Europea o de prácticas corporativas inaceptables.
Lars Lindgren, representante de la Iniciativa Ciudadana Europea y presidente de la Federación Europea de los Trabajadores del Transporte (ETF) ha declarado: “El transporte justo es un asunto que atañe al público europeo en general. Mientras no podamos enviar una manzana, un par de zapatos o a nosotros mismos a través de correo electrónico, Europa necesita un trabajo en el transporte cualificado con unas condiciones laborales adecuadas”.
El Comité de la Iniciativa Ciudadana pretende recoger un millón de firmas por toda Europa, antes del 14 de septiembre de 2016, tal y como exige la Comisión Europea.
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