Varapalo judicial del Tribunal Supremo al sistema de concesiones de autobús
El Tribunal Supremo ha empeorado aún más la difícil situación de las empresas de transporte regular de viajeros en autobús, al confirmar en dos recientes sentencias la ilegalidad de las prórrogas automáticas de concesión aprobadas por varias comunidades autónomas.
Se trata de un duro golpe para las empresas, ya que las concesiones autonómicas de autobús mueven un volumen de negocio de cerca de 1.000 millones de euros al año. El Supremo confirma la ilegalidad de las ampliaciones autonómicas de más de 10 años tras dos recientes sentencias sobre Valencia y Galicia.
Según las resoluciones judiciales a las que ha tenido acceso EXPANSIÓN, el magistrado Pedro José Yagüe desestimó el pasado 1 de marzo el recurso de casación de la Generalitat Valenciana y medio centenar de empresas y patronales contra una sentencia previa que daba la razón a la CNMC, al considerar ilegal el sistema de prórrogas valenciano.
Quince días después, el mismo magistrado anuló el sistema de prórrogas gallego, otro mazazo para el sector que, además, pone en alerta al resto de autonomías que tiene un modelo similar de renovación de concesiones. Entre las advertidas figura Madrid, que en 2009 prorrogó las concesiones hasta un máximo de 15 años, lo que supuso, entre otros efectos, una revalorización automática de estos activos.
La prórroga fue el sistema empleado por los Gobiernos de Cataluña, Madrid, Canarias, Murcia, Galicia, La Rioja, Valencia y Castilla y León para renovar las concesiones de transporte en sus territorios a cambio de nuevas inversiones tecnológicas y de carácter medioambiental.
El sistema fue muy criticado por Globalia, que vio en la iniciativa una forma de perpetuar a los operadores tradicionales, entre los que destacan Alsa, Mombus, Moventia y Arriva, entre otros. El grupo presidido por José Hidalgo llevó el asunto hasta la Comisión Europea que, en 2013, le dio la razón y abrió un expediente a España para corregir las irregularidades cometidas en varias comunidades autónomas. Con las sentencias del Supremo, el sistema de prórrogas queda "herido de muerte", indican en el sector.
Según las fuentes jurídicas consultadas, la anulación de las prórrogas no va a tener consecuencias inmediatas sobre las concesiones, ya que prevalece "el principio de continuidad del servicio", pero los Gobiernos autonómicos están obligados a corregir la normativa y, probablemente, relicitar los contratos que fueron ampliados de manera ilegal a través del sistema de prórrogas.
Bajo esta fórmula, considerada irregular por parte del Supremo, las concesiones gallegas fueron ampliadas hasta 2027, mientras que las valencianas se extendieron hasta 2023. En ambos casos, la prórroga excedió el límite de los 10 años que impone el reglamento de transportes de la Unión Europea.
C. Morán Expansión
