1.500 peticiones en 72 horas piden anular la subida del 78% del parking del hospital de León.
UGT solicita al alcalde que “retome el tema” ante lo que consideran una política “restrictiva” que va a permitir “que cierta gente llene sus bolsillos” en referencia a "ciertos lobbies" de la provincia.
Más de 1.500 personas han firmado ya la petición para evitar la “brutal” subida de un 78 por ciento en las tarifas del aparcamiento del Complejo Asistencial de León que fueron aprobadas la semana pasada en el Ayuntamiento de León. Según informó el Foro Compromiso Socialista por León yo provincia, se está apoyando la recogida de firmas para “solidarizarnos” con la “indignación ciudadana” frente a lo que califican de “nuevo atropello”.
Este colectivo defiende que el aumento del precio en un 78 por ciento es “un abuso especialmente odioso, inexplicable, ilegal e injusto” porque contraviene “claramente” lo dispuesto en la legislación de contratos y porque la empresa concesionaria se encuentra en situación de concurso voluntario de acreedores. Además, recordaron que el Ayuntamiento ya dio luz verde a una subida del 13 por ciento en 2012 lo que, sumado al incremento previsto ahora, supondría duplicar el precio del aparcamiento del Hospital en apenas tres años.
A este asunto se refirió también la secretaria general de FSP UGT en Castilla y León, Carmen Amez, que recordó que no todo el personal que trabaja en el Complejo Asistencial de León está exento del pago del aparcamiento “porque es escaso y no abarca a todos los profesionales”. Para el sindicato, se trata de una “utilización” de la salud de los ciudadanos “para el beneficio de ciertos lobbies que existen en la provincia”, dijo.
Por ello, Amez solicitó al alcalde de León, Antonio Silván, que “retome el tema” y que piense en en ciudadano de León que acude al hospital “a pedir respuesta a la pérdida de su estado de salud, no a pasar el fin de semana” y además tiene que esperar por lo general varias horas para ser atendido. “El ciudadano pide políticas sociales más amplias y que se mire por el ciudadano”, mientras que Amez sentenció que lo que se está haciendo es “utilizar al paciente para enriquecer a ciertas empresas privadas”.
Ical.
