El Tribunal de Cuentas detecta fraude en la formación en mas de 1.000 empresas.

Los Estados miembros tendrán después dos años para trasladar las modificaciones a sus legislaciones nacionales.
Imagen de las clases impartidas en una autoescuela
El Tribunal de Cuentas detecta fraude en la formación en mas de 1.000 empresas.

Tal y como adelantaba ayer el diario El país en su información, el Tribunal de Cuentas ha detectado que al menos 1.064 empresas españolas inflaron sus créditos en formación durante el año 2012. Entre todas las empresas investigadas la cantidad ascendería a 3.987.721 euros. En un Pleno celebrado por este organismo se aprobó el martes pasado el Informe de Fiscalización por la financiación aplicada por estas empresas para la formación de sus trabajadores, hechas con cargo a las cuotas de formación profesional, en las que se encuentra el fraude.

Este documento era primera vez uno de los aspectos en las que las empresas contratan directamente la formación para sus empleados con cargo a la Seguridad Social. En este informe se recoge ademas que el Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) no realizo ningún informe para conocer el impacto de esta formación con el objetivo de mantener el empleo y mejorar la competitividad. Una evaluación que recibió 571 millones de euros durante el 2014 y que es una norma legal desde el año 2007.

También se detecta en la investigación la existencia de empresas que continuaron recibiendo ayudas aun después de hacer un uso indebido de los fondos en años anteriores. Una de estas empresas de la que no han aportado identificación tiene aun pendiente una devolución de 1.454.465 euros por este concepto. El Tribuna de Cuentas cree que hay empresas que aumentaron de forma injustificada los costes facturados. Así como otro tipo de incidencias como no comunicarlo a los representantes de los trabajadores o no identificar a los empleados.

Esta institución hace una recomendación en su informe para que se aumente el control sobre las empresas de formación, al tiempo que le pide al SEPE que se coordine con la Tesorería General de la Seguridad Social para que tome medidas con el fin de evitar que las empresas aumenten las bonificaciones por encima de lo permitido; utilizando para ello los sistemas informáticos y los datos de que disponen ambas entidades.

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