La CNMC, Uber Y Cabify consuman su ataque al servicio público de Taxi ante el Tribunal Supremo
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha presentado este lunes ante la Sala Tercera del Supremo su demanda formal contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan los vehículos de alquiler con conductor (VTC).
A partir de ahí, se abre todo el proceso judicial en el que, de un lado, CNMC, Uber, Unauto y Cabify (los demandantes) y, de otro, el Ministerio de Fomento, FEDETAXI y varias asociaciones locales de taxistas como el Sindicato del Taxi de Cataluña (STAC), la Asociación Gremial del Auto Taxi de Madrid (AGATM), Élite Taxi Barcelona, y otras (los demandados) expondrán sucesivamente sus argumentos tanto a favor como en contra de la desregulación del transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, prestado en España por el servicio público del taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC).
El escrito de demanda de la CNMC se sustenta en un informe de dicho regulador por el que se sostiene la conveniencia de desregular el transporte de viajeros para dar mayor cabida a las plataformas digitales de falsa economía colaborativa, como Uber y Cabify, que pretenden sustituir y acaparar los actuales servicios públicos urbanos. Informes similares ya fueron objeto de crítica por el propio Pleno de la CNMC hace un año, hasta el punto de no ser aprobados y solicitarse el cese del Director de Competencia de la CNMC, Antonio Maudes, del que dependen los funcionarios redactores del informe.
Tras este litigio, en el que los taxistas y conductores de VTC son los peones y sufridores de una “guerra” por la supervivencia, existe una pugna de poder velada entre Luis de Guindos y el Ministerio de Fomento, antes en manos de Ana Pastor y hoy de Íñigo de la Serna. El actual titular de Fomento ya se ha posicionado claramente a favor del mantenimiento de la normativa vigente y del equilibrio y competencia leal entre ambos sectores. Las últimas semanas, tras las manifestaciones efectuadas por FEDETAXI y otras asociaciones del sector, ha anunciado ante las comunidades autónomas y ayuntamientos que ha de “cumplirse la ley” y no que no va a desregular el sector del taxi. Además, confirmó que su departamento estudia nuevas medidas para controlar las múltiples infracciones de las multinacionales y el uso especulativo que puedan estar efectuando con las licencias VTC, asunto tras el que también se encuentra la Fiscalía General de Málaga y la del Estado, por denuncias de FEDETAXI.
Todo comenzó el 18 de febrero de 2016 cuando, pese a las protestas de FEDETAXI en una multitudinaria manifestación ante la CNMC, está requirió al Director General de Transporte Terrestre para que anulase la recién publicada normativa de las VTC. Tras la negativa de Fomento, el regulador acudió enarbolando la Ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM) contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, y la Orden FOM/2799/2015, de 18 de diciembre, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.
No obstante, el organismo que preside Marín Quemada presentó el Contencioso Administrativo ante la Audiencia Nacional quien desestimó su competencia respecto a citado Reglamento y el asunto quedó elevado a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tras un año del incidente sobre la determinación del órgano judicial competente.
La CNMC utiliza para ir contra los taxistas la “joya de la Corona” de Luis de Guindos, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado -que acaba de sufrir un grave revés ante el Tribunal Constitucional que ha anulado varios de sus principales artículos-. Resulta significativo que, pese a estar facultada por la legislación procesal y la de Unidad de Mercado, el regulador no ha solicitado la suspensión de ninguna de las dos disposiciones recurridas, por lo que ambas continuarán siendo de aplicación mientras dure el litigio ante el Supremo. Esto implica que se mantendrán las actuales limitaciones al otorgamiento de autorizaciones VTC que expiden las comunidades autónomas, si éstas fueron solicitadas con posterioridad al 20 de noviembre de 2015, fecha en la que entró en vigor la norma que CNMC y las multinacionales se proponen anular para liberalizar el trasporte urbano en España.
Por otra parte, la CNMC no litiga representada con la Abogacía del Estado, sino con un despacho privado de abogados, siendo Fomento quien contará con la asistencia de dicha Abogacía del Estado.
FEDETAXI como organización más representativa de los taxistas de España ha sido parte en la tramitación de las normas que ahora impugna la CNMC. La entidad presidida por Miguel Ángel Leal- también presidente de AGATM y la organización europea de taxistas Taxi European Alliance (TEA)- mantiene una prolija actividad de activismo y movilización en defensa de los más de 100.000 familias que dependen del taxi en España, además de la negociación con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y con la Comisión Europea, a fin de evitar la desregulación del sector del taxi que buscan los lobbies y multinacionales de la falsa economía colaborativa y mantener el servicio público del taxi en garantía de los usuarios y la movilidad urbana.
Fuente: fedetaxi.com
