El Puerto de Valencia se prepara para una inminente ola de protestas por la reforma de la estiba

Tensa calma en los muelles. Tras la tregua declarada el 16 de marzo con el rechazo en el Congreso de los Diputados de la reforma de la estiba planteada por el Ministerio de Fomento, los responsables de la actividad portuaria prevén un recrudecimiento inminente de la situación. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró esta semana que su departamento va a cumplir al «cien por cien» con el compromiso de aprobar por real decreto ley de reforma de la estiba e hizo hincapié en la «urgencia» existente ante la «inminente» llegada de la segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, con una multa por incumplir la normativa europeo en este sector.

Desde las empresas portuarias se echa mano del calendario y, teniendo en cuenta los contactos mantenidos entre las partes, se apuntan fechas muy concretas para el nuevo asalto. Aunque se daba por descontado que el ejecutivo central iba a respetar el periodo vacacional de la Pascua, la semana posterior se ha aprovechado para ultimar los detalles del borrador del real decreto ley que patronal y sindicatos prevén recibir en los primeros días de la semana que viene.

Lejos de plantear una larga negociación, el ministerio buscaría un acuerdo lo más rápido y amplio posible, aunque se da por hecho que no será unánime. Como en el intento anterior, los temas más conflictivos y que son los que están generando más tensiones con Bruselas (como la subrogación de trabajadores) quedarían fuera de la reforma incluida en el real decreto ley y tomaría como base la propuesta del mediador entre patronal y sindicatos, el presidente de Comité Económico y Social, Marcos Peña, apoyado por Fomento y aceptado con matices por la patronal, aunque rechazado por los sindicatos.

De la Serna señaló esta semana que la elaboración del real decreto del que «colgará» el real decreto ley conlleva «el cumplimiento del cien por cien del acuerdo establecido por la mediación», es decir, de la propuesta de mediación que puso fin a la mesa de diálogo social entre sindicatos y patronal.

Calendario previsto

La previsión con la que se trabaja en los puertos es que el viernes 28 de abril el texto salga de La Moncloa con destino al Congreso de los Diputados y empiece a contar así el mes establecido para que sea votado. Es entonces cuando se teme que los estibadores abran la caja de los truenos y comiencen los problemas para el negocio. Las posibilidades son diversas.

Se podrían producir nuevos episodios de marcha lenta en la carga y descarga, que significaría una huelga en cubierta; o bien una convocatoria formal (como las desconvocadas en febrero) para tener al sector movilizado mientras los grupos parlamentarios tienen sobre la mesa la propuesta del ejecutivo.

Se debe tener en cuenta que el rechazo de real decreto de marzo (la primera vez desde 1979 que la Cámara baja no validaba un decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros) se concretó en 175 votos en contra de la convalidación de la norma frente a los 142 a favor de PP y PNV y a las 33 abstenciones de Ciudadanos. De ese modo, el cambio de actitud de los socialistas, que tienen 84 diputados, es fundamental para que salga adelante la propuesta del Ejecutivo y, a todas luces, éste no se plantea que pueda producirse hasta que el PSOE culmine su congreso el 21 de mayo. Será a partir de esa fecha cuando alguien ocupe la secretaria general de la formación y, con las riendas del partido en sus manos, continúe oponiéndose a la reforma o cambie de actitud y ofrezca una salida que desbloquee el conflicto.

Los ojos están puestos ahora en Andalucía, a diferencia de lo ocurrido en la anterior confrontación del mes de febrero, que tuvo al Puerto de Valencia como escenario de los episodios más crudos de presión con huelgas encubiertas que obligaron al desvío de 18 barcos y se perdió un 24% del tráfico de contenedores.

Y es que el puerto de Algeciras (Cádiz) suma su condición de ser el primero del Mediterráneo el hecho de ser principal de Andalucía, de donde es presidenta la aspirante socialista Susana Díaz y a la que le exigirán que se posicione. Ya en febrero, los estibadores buscaron su respaldo y lograron que se manifestara a favor del diálogo y contra el decreto, aunque no consiguieron que respaldara concretamente todas sus exigencias. Desde el ministerio se llama al sentido de Estado y se insiste en que España se enfrenta a una multa de 134.000 euros diarios, que se suma a la dictada en diciembre de 2014 y con la que ya se acumula 23 millones.

Fuente: lasprovincias.es

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