18 ciudades piden una ley que garantice la financiación del transporte público

Madrid y Barcelona han anunciado que unirán esfuerzos con otras dieciséis ciudades españolas, entre las que figuran Oviedo y Gijón, para lograr un mayor apoyo del Estado al transporte público en todas las ciudades y una ley estatal que garantice la estabilidad de su financiación y aumente la aportación al sistema.

La concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Mercedes Vidal, y su homóloga del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, han anunciado hoy esta iniciativa tras reunirse en el ayuntamiento de la capital catalana. “Necesitamos un marco de financiación estable, perfectamente regulado y que no esté sometido a variaciones drásticas”, como las reducciones de los últimos año, ha argumentado Mercedes Vidal, que ha añadido que debe haber “un mayor compromiso desde el Estado con todas las ciudades”.

Mercedes Vidal ha asegurado que desde las corporaciones locales se hace un gran esfuerzo para financiar el transporte público que no se está viendo correspondido por una implicación suficiente del Estado. “Las administraciones locales estamos cumpliendo más que sobradamente con un papel financiero demasiado preponderante a la hora de hacernos cargo de una responsabilidad que debe ser compartida por todos, como es el derecho a la movilidad”, ha subrayado.

Inés Sabanés, por su parte, ha destacado que esta es una “iniciativa transversal en lo político y en lo geográfico” porque conseguir que la financiación del transporte publico funcione como en el resto del ámbito europeo “es una necesidad clara de todos los ayuntamientos”. “Las ciudades somos conscientes del papel relevante e importante que tenemos en la lucha contra el cambio climático y a la hora de garantizar una movilidad sostenible”, y ha insistido en que “el marco local no puede sostener en solitario una tarea de esta magnitud en el tiempo y con carácter permanente y universal”. “Es necesario que nuestro país tenga una ley de financiación del transporte público”, es lo que garantizará que este impulso que se ha dado desde los ayuntamientos tenga voluntad de mejora y permanencia”.

España es el único país europeo que no tiene una ley estatal de financiación del transporte público y el Estado aporta una cantidad económica, mediante los Presupuestos Generales del Estado, a los municipios de más de 50.000 habitantes, de acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, y de manera más específica en Madrid, Barcelona y Canarias. Al no contar con una ley específica de transporte público, el Estado ha podido recortar su aportación en los últimos años y actualmente la que hace al transporte público de Barcelona no llega al 16 % de las aportaciones totales, y la de Madrid se sitúa en el 10 %, una media claramente inferior a la europea, que en algunos casos llega al 40 %.

La ciudades que han acordado hacer un frente común para instar al Gobierno a iniciar con carácter urgente la redacción de una ley estatal que aumente la aportación al sistema de transporte son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia, Málaga, Gijón, Albacete, Santiago de Compostela, Palencia, Palma de Mallorca, Vitoria, San Sebastián, Córdoba, Cádiz, Coruña, Oviedo y Toledo. EFE

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