Los autobuses de la muerte de Guatemala
El aspecto desvencijado que presentan las camionetas rojas en Ciudad de Guatemala no anima a montarse en ellas. Mensajes religiosos plasmados en su carrocería, como "Dios te ama" o "Jesús vive»", no impiden que estos autobuses sean los que más sufren el azote de la violencia en el país centroamericano. "En este trabajo uno no sabe si va a regresar a casa y sólo le pido a Dios que pueda volver cada día con mi familia", asegura Leopoldo Monterroso, un conductor que en seis años ha perdido a cuatro compañeros de su ruta. Cada día, este transporte colectivo registra más de 120 asaltos diarios, a los que se suman los ataques armados de los extorsionistas que en caso de impago de la cantidad exigida asesinan a los pilotos y a sus ayudantes.
Sólo hasta el 9 de septiembre de 2016, según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), se han registrado 112 muertes en el transporte público de Guatemala, incluyendo el urbano y el extraurbano, mientras que desde el 2010, un total de 2.149 personas han sido asesinadas, de las cuales 574 eran usuarios, 566 pilotos de autobuses y 237 ayudantes. La última víctima fue un conductor asesinado a balazos el pasado viernes en la zona 15 de la capital de Guatemala como consecuencia del impago de la extorsión a las pandillas.
Estas cifras convirtieron la profesión de conductor de camioneta en la más peligrosa del mundo, según un estudio que realizó en el 2013 el periódico The Sun. El Defensor del Usuario del Transporte de la PDH, Edgar Guerra, asegura que este tipo de trabajo continúa liderando el 'ranking'. Ello es debido, según revela, a que cada 20 minutos se registra un asalto en estas unidades, al tiempo que el transporte público sufre extorsiones bajo amenaza de muerte por parte de las pandillas, cuya cuantía asciende anualmente a 180 millones de quetzales (22,5 millones de euros).
El ataque que más repercusión ha tenido en los últimos meses fue el cometido el pasado 6 de marzo con una bomba casera colocada en el interior de un autobús extraurbano que causó la muerte de dos personas e hirió a más de 17 pasajeros.
Aumentan las denuncias
Pese a que desde el 2010 se han presentado más de 49.000 denuncias por hechos delictivos, Guerra lamenta que el 70% de los crímenes queda impune. Así, todos estos ataques han provocado una "psicosis" entre los 6,5 millones de usuarios que cada día utilizan en todo el país el transporte público, dado que muchos de ellos se montan con el "miedo" de morir por una bala perdida o en medio de un asalto, tal como señala el Secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano, Vladimir Díaz. "Vamos inseguros y siempre pidiéndole a Dios que a la hora de abordar un autobús todo vaya normal, porque uno no sabe lo que le puede esperar", lamenta.
En el caso de las mujeres, la situación es aún peor, dado que en este tipo de transporte público sufren acoso sexual por parte de muchos hombres, incluidos algunos ayudantes del conductor que las silban y les dicen piropos soeces. "Se han dado casos de violaciones dentro de los autobuses", denuncia Díaz, quien señala que en lo que va de año, su entidad ha recibido 12 denuncias por casos de violencia sexual, si bien "no hay una acción inmediata de la Justicia en la que se produzcan detenciones". Otro de los problemas que sufren las camionetas es el hacinamiento de los pasajeros, lo que facilita los abusos sexuales, así como los robos de móviles y carteras.
Esta saturación de las unidades se debe a que, a pesar de que la municipalidad de Guatemala ha autorizado el funcionamiento de 2.926 autobuses rojos, únicamente operan 850 en un estado deplorable muchos de ellos. Asimismo, establecen la tarifa sin control ninguno por parte de las autoridades. Pese a que el precio normal es de un quetzal (0,1 euros), los conductores llegan a cobrar hasta cinco quetzales (0,6 euros), con el fin de compensar el gasto que supone afrontar las extorsiones que les exigen las pandillas.
Los empresarios del transporte se están doblegando cada vez más ante la presión que ejercen las 10.000 personas que se dedican al lucrativo negocio de la extorsión dirigido desde las cárceles por los líderes de las principales pandillas. Reflejo de que están abonando lo que les exigen es que la cifra de muertos ha disminuido, dado que en 2015 se registraron 250 asesinatos frente a los 418 que se produjeron en 2014, el año más mortífero desde 2010.
Fuente: elmundo.es
