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Fomento adjudicará las 9 autopistas en quiebra a una sola empresa en 2018

El Gobierno ya tiene definida la hoja de ruta que va a seguir para devolver al mercado “en el mínimo tiempo posible” las nueve autopistas en quiebra, que están en proceso de liquidación y en fase de convenio de acreedores. Los plazos marcado por el Ejecutivo son muy ambiciosos ya que prevé adjudicar la explotación de todas las autovías de peaje a un único grupo antes de que termine 2018, informan fuentes del ministerio de Fomento. El contrato de explotación tendrá 25 años de duración y aunque aun no se ha establecido el precio de la licitación, algunas fuentes apuntan a que estará por encima de los 800 millones de euros.

Para ello, el organismo que dirige Íñigo de la Serna ha firmado un convenio con la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa) para que elabore el pliego de licitación de los activos y asuma de forma temporal la gestión de las ocho concesiones, que incluyen las autopistas que unen Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera; las cuatro radiales de Madrid; la circunvalación de Alicante y la autovía del aeropuerto de Barajas. El plan es que la Seittsa opere las nueve autopistas durante un máximo de seis meses, que será el periodo de transición entre que pasan a formar parte del Estado y se cierra la adjudicación, si se cumple el calendario previsto. La explotación se realizaría en las mismas condiciones (mismo precios) y la sociedad estatal subrogaría a los 700 empleados que actualmente trabajan en las concesiones. Fuentes de Fomento aseguran que la hipótesis con la que trabajan contempla que las nueve autopistas se liquiden en el primer cuatrimestre del año.

Desde el momento en que el convenio entre la Administración y Seittsa se haga oficial (se aprobará en el Consejo de Ministros de hoy), la sociedad estatal de gestión de activos tendrá tres objetivos: encargar un estudio de tráfico y demanda; contratar un estudio de viabilidad y preparar los pliegos para volver a licitar las autopistas. Por su parte, el ministerio que dirige De la Serna hará una due diligence para analizar el estado de los activos.

El objetivo de Fomento es que todo se cierre en el mismo año para limitar el impacto que la nacionalización de las autopistas pueda tener en el déficit, ya que el Ejecutivo tendrá que asumir el coste que fije de las RPA (Responsabilidad Patrimonial Administrativa) y unos 550 millones de euros más por los prestamos participativos de la construcción de las carreteras. Estos créditos se tendrán que asumir como “incobrables” en el momento de la reversión de los activos.

Compensar parte del déficit

Así, el Ejecutivo prevé compensar parte del déficit que se genere en 2018 con lo que ingrese de la adjudicación de la nueva concesión de las autopistas en un sólo paquete y con lo que facture Seittsa durante los seis meses que esté explotando los activos. Los equipos de trabajo de Fomento calculan que las nueve autovías facturarán unos 100 millones de euros en el año 2018 debido a la previsión de aumento de tráfico. En los seis primeros meses del año acumulan ya un alza media del 12,7%. En esta línea, el Ejecutivo asegura que la explotación de las carreteras de peaje (sin deuda de la construcción) ya es rentable y cada vez serán más atractivas. “Se compensará parte del déficit pero no todo, seguirá arrojando un saldo negativo”, explicaron fuentes del ministerio de Fomento.

Así, confían en que la oferta atraerá el interés de muchas empresas privadas y que el concurso exprés no quedará, en ningún caso, desierto. Un punto que el sector privado no ha tardado en confirmar ya que Abertis, que tiene una de las radiales en liquidación, ya ha mostrado su interés en hacerse con todas las carreteras. “No existe el riesgo de construcción de las carreteras, que actualmente ascendería a unos 6.000 millones, y por eso será muy atractivas. Aunque sí que estará el de explotación”, aseguran fuentes cercanas a Fomento.

¿La factura del rescate?

Desde Fomento no han querido dar una cifra sobre a cuánto ascenderán las RPA, pero aseguran que el Gobierno fijará un valor en función a la legislación actual que posteriormente será fiscalizado. En este punto, el Ejecutivo da por hecho que las actuales concesionarias no estarán conformes con la RPA fijada por lo que el conflicto se alargará en el tiempo. Así, las concesionarias actuales primero tendrían que interponer un recurso de reposición y posteriormente, si siguen sin estar conformes, acudir a la justicia ordinaria. En ese momento, el monto que deba pagar el Estado por la reversión de los activos quedará en manos de un juez por lo que el déficit generado por la quiebra las autopistas podría ser mayor al previsto inicialmente. El otro frente que queda abierto es el de la compensación económica por la expropiación de los terrenos.

Fuente: eleconomista.es

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