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Todas las gasolineras de Castilla y León deberán contar con personal en tres meses

Adiós a las gasolineras en las que el surtidor y una máquina para cobrar es todo lo que hay. En un plazo de tres meses todas deberán contar con «al menos una persona, debidamente formada y responsable de los servicios que prestan» durante el horario que permanezcan abiertas.

Así lo recoge el cambio en el Estatuto del Consumidor de Castilla y León aprobado ayer en las Cortes con el apoyo de PP -de quien partió-, PSOE, Podemos e IU, el voto en contra de Ciudadanos y la abstención de UPL. Una medida que, según defendió el popular Salvador Cruz, se toma a raíz de la «proliferación» de este tipo de estaciones de servicio con la Ley de Medidas de Apoyo al Emprendedor, de 2013, de las que ya se superan las 60 entre las aproximadamente 1.300 que hay en la Comunidad. Busca, recalcó Cruz, un triple objetivo: la «protección» de los derechos de los consumidores, «garantizar» el acceso a las personas con discapacidad a la hora de suministrarse carburante y «evitar» la destrucción de empleo en un sector en el que trabajan más de un millar de personas en Castilla y León. Objetivos que también valoraron el resto de grupos que lo apoyaron, todos menos C’s, que argumentó su no en que la norma «no está suficientemente motivada», es «contraria» a derecho e «incumple» la obligación de comunicación a la UE.

Según los sindicatos, en el último año se han perdido «más de un centenar» de puestos de trabajo por estas gasolineras, que se ahorran los costes de personal, que suponen más del 60% del total. Motivo por el que también saludan la iniciativa desde la patronal, Avecal. «Beneficia a los consumidores y al empleo», destacó Rafael Pizarro. «Si no se paraba, en cuestión de un año, lo raro serían las atendidas», advirtió Gonzalo Díez, de CC.OO.. Visión distinta la de las cooperativas. Urcacyl denunció que «perjudicará» a las ubicadas en el medio rural.

Precisamente en este sentido iba las enmiendas del Grupo Mixto que no salieron adelante. José Sarrión (IU) planteó la excepción, «bajo permiso» de la Junta para que haya gasolineras sin personal en zonas rurales donde la más próxima esté a más de 20 minutos y tengan al menos dos años. Luis Mariano Santos (UPL) y Podemos reclamaron también la «excepción» de la obligación paras las cooperativas agrarias. Sin embargo, desde el PP incidieron en que éstas ya están exentas, siempre que sea para socio

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