Solo cuatro regiones no aplican a los carburantes el impuesto autonómico

Gasolineras de la ciudad.

Los carburantes sufren en nuestro país una fiscalidad muy elevada, aunque afortunadamente no es de las más altas de la UE. No obstante, supone aproximadamente el 55% del precio de venta al público de cada litro de combustible.

Hay tres impuestos estatales que gravan los carburantes (el general, el especial y el IVA) y otro autonómico, que procede del conocido como «céntimo sanitario». Este fue un impuesto que creó en 2002 el último Gobierno de José María Aznar para contribuir a sufragar los gastos de las comunidades autónomas en sanidad. Sin embargo, y tras declararlo ilegal hace unos meses la Unión Europea, ha quedado como un impuesto autonómico más.

Cada gobierno regional tiene potestad para aplicar este impuesto, que tiene una horquilla de cero a 4,8 céntimos por litro. Actualmente, solo Cantabria, Castilla y León, La Rioja y País Vasco tienen el tipo cero y otras ocho (Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana) aplican el tipo máximo. Extremadura, Aragón, Navarra y Madrid tiene tipos medios que oscilan entre los 1,7 y los 3,8 céntimos de euro por litro.

Esta disparidad ha generado muchas críticas de distintos sectores, como las petroleras, los empresarios de estaciones de servicio, el transporte por carretera de mercancías y de pasajeros y, en general, de los consumidores.

El «efecto frontera» provoca que haya significativas diferencias en los precios de los carburantes en las estaciones de servicio según en la comunidad en la que estén situadas y que pueden ocasionar un ahorro de varios euros al llenar el depósito de un vehículo, cifra que se multiplica en el caso de camiones y autocares.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) subraya en su último informe de mayo sobre este sector que «cuando se comparan provincias con niveles similares de precios antes de impuestos, se observa que las diferencias de precios de venta al público (PVP) coinciden prácticamente con el nivel del impuesto autonómico». Así, Pontevedra era la provincia peninsular con el PVP más alto en la gasolina de 95 octanos, seguida por Orense y Lugo (Galicia aplica el tipo más alto del impuesto autonómico). Soria fue la provincia con los precios más bajos, seguida de Salamanca y Segovia. En relación al gasóleo, un mes más fue Galicia la comunidad autónoma cuyas provincias alcanzaron los precios más altos. Segovia, Soria y Salamanca marcaron los más bajos.

Decisiones «arbitrarias»
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte (Fenadismer) lamenta que las comunidades autónomas sigan actuando de forma «absolutamente unilateral y descoordinada» en la aplicación de estos gravámenes, que no hacen sino provocar efectos «frontera» en las zonas limítrofes entre distintos territorios. Fenadismer pedirá al nuevo gobierno de la nación una política «armonizada» en materia de fiscalidad sobre carburantes a nivel estatal que acabe con las «distorsiones impositivas en función de decisiones regionales arbitrarias» y «contrarias a intereses económicos de los diferentes sectores consumidores».

Otro de los efectos que provoca la diferente fiscalidad autonómica en los combustibles es la caída de las ventas en decenas de estaciones de servicio que están próximas a las regiones que no aplican este impuesto, ya que los automovilistas y camioneros aprovechan para llenar los depósitos de sus vehículos en las gasolineras con los carburantes más baratos. El descenso medio de las ventas de esas estaciones de servicio es del 10%, según fuentes de las petroleras consultadas por este periódico. En este sentido, la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (Aesar) apuntó hace poco tiempo, tras encuestar a sus asociados en zonas limítrofes entre Aragón y Castilla y León, que en las estaciones de la parte aragonesa las ventas habían descendido un 10% en enero pasado respecto al mismo mes de 2015. Se da la circunstancia de que Castilla y León eliminó ese impuesto desde el 1 de enero de este año, mientras que el gobierno socialista de Aragón decidió aplicarlo por primera vez desde la misma fecha.

Esta asociación calcula que si 2016 acabara con unas ventas de combustible un 10% inferiores en todo Aragón, la comunidad dejaría de recaudar 39 millones de euros menos por el IVA y el impuesto especial, unas pérdidas que no se compensarían aunque se cumplieran los presupuestos de recaudación del Ejecutivo que preside Francisco Javier Lambán, que prevé unos ingresos de unos 18 millones de euros al final de año.

Otra de las novedades en 2016 ha estado protagonizada por Andalucía, que era la única comunidad autónoma que, pese a tener el impuesto sobre los carburantes en su importe máximo (4,8 céntimos por litro), no había establecido el mecanismo de devolución para los profesionales (transportistas y taxistas) que tienen la mayoría de regiones a través de la figura del gasóleo profesional.

Navarra, ida y vuelta
Otro caso curioso es el de la Comunidad Foral de Navarra, que aplicó el impuesto autonómico en 2012 y 2013, pero lo derogó porque provocaba una «disminución significativa en el consumo de los productos afectados». Sin embargo, el gobierno de Geroa Bai ha vuelto este año a aplicar ese gravamen (2,4 céntimos de euro por litro, tanto a la gasolina como al gasóleo).

Sobre este tema, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) proponía el mes pasado en su informe «Energía y Competitividad» una «mayor armonización y diálogo entre el Estado y las comunidades autónomas con el objetivo de establecer una política fiscal de carburantes homogénea en todo el territorio nacional, sin perjuicio de la existencia de regímenes fiscales diferenciados que promuevan la reducción de sobrecostos estructurales derivados de la existencia de territorios insulares alejados».

Solo cuatro regiones no aplican a los carburantes el impuesto autonómico

Fuente: abc.es/economia

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