Astic denuncia el caos generado por el Gobierno francés con la Ley Macron

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La Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) muestra su perplejidad ante la puesta en marcha de la ley del salario mínimo francés para el transporte terrestre. La denominada “Ley Macron” supone la creación de barreras administrativas, burocráticas e inseguridades jurídicas desproporcionadas que impiden el normal funcionamiento del mercado común, impidiendo la libre circulación de bienes y servicios, más si cabe, cuando documentos vitales para hacer factible su cumplimiento por parte de las empresas extranjeras se han publicado con tan sólo dos días de anticipación a su entrada en vigor efectiva.

La asociación tilda esta la ley de “proteccionista, injusta y discriminatoria” y solicita su inmediato aplazamiento, debido a su imposible cumplimiento el 1 de julio por la ingente carga burocrática y legal que le afecta, así como por las muchas dudas de carácter jurídico que suscita sobre más de 5 millones de empleados del sector en Europa.

ASTIC ha solicitado en repetidas ocasiones la derogación o al menos el aplazamiento de su entrada en vigor, ya que no hay tiempo material para que un colectivo como el del transporte por carretera de personas y mercancías, sólo en nuestro país con casi 18.000 vehículos diarios cruzando la frontera franco-española, pueda asimilar y cumplir con la multitud de requisitos solicitados en el último momento. Entre ellos, el certificado de desplazamiento, el principal documento a cumplimentar por las empresas y trabajadores, que todavía constaba como provisional en la web del Ministerio francés a menos de 24 horas de su entrada en vigor.

Otros aspectos que se encuentran en el aire son: el representante obligatorio en Francia, la cuantía final del salario por horas, las dietas, el campo de aplicación, etc. En este sentido, el Gobierno francés no ha respondido a las cuestiones planteadas por ASTIC sobre aspectos fundamentales del alcance real de esta nueva legislación.

Otro motivo para la suspensión cautelar de la Ley supone que la Comisión Europea ya inició, hace dos semanas, acciones legales por esta legislación contra Francia y Alemania, lo que constituye el primer paso para elevar el procedimiento a infracción, debido a la desproporcionada restricción que supone para la libre prestación de servicios y circulación.

Finalmente, la asociación se muestra también decepcionada ante el escaso entusiasmo que desde nuestra administración se ha mostrado a la hora de requerir actuaciones efectivas de la Comisión Europea, por un lado, y de mostrar su desacuerdo y enojo con esta ley y con el modo en que se ha puesto en marcha. No es de recibo que un sector como el transporte internacional por carretera en España, tenga que enfrentarse en solitario con la Administración francesa, sin sentir el apoyo de quien más puede y debe defender los intereses de la industria, el comercio y el turismo de nuestro país y que tiene en dicho sector uno de sus grandes pilares para el crecimiento y la competitividad con casi un 4% del PIB.

astic.net

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