Un juez investiga supuestos abusos en las condiciones laborales en PrimaFrio

Decenas de agentes de la Guardia Civil toman la empresa por presuntos delitos contra la seguridad vial, fraude a la Seguridad Social y falsedad documental.

La compañía PrimaFrio, una de las mayores del sector del transporte en España e incluso en Europa, con más de 1.400 camiones y unos 3.000 empleados en su nómina, tuvo ayer un duro arranque de la jornada laboral. Decenas de agentes del Grupo de Información y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil, desplazados hasta Murcia desde su sede central en Madrid, tomaron la sede central del grupo, situada en el polígono industrial La Serreta de Molina de Segura, para llevar a efecto el registro ordenado por un juzgado de Instrucción de Sevilla.

A lo largo de más de una hora, los agentes, que contaban con el apoyo de funcionarios de la Secretaría de Estado de Transportes del Ministerio de Fomento y con expertos informáticos de la Agencia Tributaria, prácticamente paralizaron la actividad de la empresa al desalojar a los trabajadores y comenzar a clonar los discos duros de los equipos informáticos, según confirmaron fuentes próximas a la investigación.

Los especialistas de la Benemérita también se llevaron algunos expedientes laborales de transportistas, en apariencia elegidos al azar, y tomaron declaración a algunos de esos camioneros; efectuaron inspecciones en vehículos que estaban llegando a las instalaciones y comprobaron su documentación…

Dudas sobre la competencia

El objetivo de los registros era tratar de encontrar pruebas de supuestos delitos contra la seguridad vial y contra los derechos de los trabajadores, fraude a la Seguridad Social y falsedad documental, entre otros, que investiga el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla. El origen de estas diligencias está en la denuncia que interpuso hace unos meses un transportista sevillano que trabajaba para PrimaFrio, quien en un escrito presentado ante la Fiscalía General de Seguridad Vial aseguró que los propietarios de la compañía imponían a su plantilla unas condiciones de trabajo leoninas. Incluso relataba que se les obligaba a manipular los tacógrafos de los camiones para forzar el número de horas que podían estar al volante, en lo que constituiría una flagrante vulneración de la legislación laboral y sobre el transporte por carretera.

Esos datos iniciales llevaron a la Fiscalía a abrir unas diligencias informativas, que se acabaron traduciendo en una denuncia propia, que fue interpuesta ante los juzgados de Sevilla. El titular del Juzgado de Instrucción número 10 de la capital andaluza consideró, sin embargo, que el asunto era competencia de Molina de Segura, al ser la localidad en la que Primafrio tiene la sede central, pero el juzgado de la localidad murciana rechazó la inhibición del órgano sevillano, que finalmente asumió la investigación.

Una de las claves de la operación desarrollada ayer, en la que no se practicaron detenciones, radica en el hecho de que PrimaFrio tenga una sociedad radicada en Portugal, a cuyo nombre están la inmensa mayoría de las cabezas tractoras del grupo de transportes y que asume además los contratos de gran parte de los transportistas. Son cientos, de hecho, los camioneros lusos que trabajan cada día para la compañía de Molina de Segura, aunque también los hay de numerosos países de toda Europa y también sudamericanos.

El hecho de que los trabajadores estén mayoritariamente contratados por la sociedad portuguesa ha llevado a sospechar que se trata de una maniobra para eludir pagos a la Seguridad Social, ya que supuestamente estarían trabajando para una empresa española, pero cotizando por debajo con arreglo a la legislación del país vecino.

Fuentes próximas a PrimaFrio rechazaron ayer todas estas imputaciones, asegurando que cumplen rigurosamente con la legislación laboral y que jamás se ha impuesto a ningún trabajador la obligación de echar más horas de las autorizadas. «No serán tan malas las condiciones cuando hay cola todos los días de camioneros que buscan ser contratados», afirmaron esas fuentes. «Y si alguien no está de acuerdo y piensa que se le está exigiendo más allá de lo que resulta lógico, pues con marcharse… asunto arreglado».

Oficialmente, el grupo de transporte se limitó ayer tarde a emitir un comunicado en el que indicaba que había colaborado en todo momento con las autoridades y que la actividad de la empresa sigue desarrollándose con toda normalidad.

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