Los diferencias entre convenios laborales causan estragos en el transporte de viajeros.

Los propietarios de empresas de transporte de autobuses de Barcelona o Madrid,  se quejan de que tienen que hacer frente a la competencia de empresas de otras provincias que operan en sus ciudades, mientras pagan a sus conductores sueldos inferiores; ya que entre los convenios de España pueden llegar a haber diferencias de más de 1.000 euros en los sueldos.

Esta diferencia salarial hace que esas empresas puedan ofrecer los servicios de sus autocares mas baratos. Empresarios de Madrid o Barcelona tienen que competir con ellas. Una situacion que les obliga, a veces, a tener que recurrir a prácticas fraudulentas. Por supuesto que hay empresas que cumplen con la ley y con los convenios, pero ven peligrar su continuidad. En cambio hay otras que están llevando a cabo prácticas de pluriempleo, bajadas de salarios y de dietas por debajo de lo que recogen los convenios.

Tal y como informa la revista Carril Bus, estas empresas reconocen que están generando perdidas y piden a la Administración que exija a las empresas de esas provincias que cumplan los convenios laborales de las provincias en las que operan. El Sindicato Libre de Transporte (SLT) afirma que en España hay 52 convenios provinciales que varían en función de los niveles de vida de cada provincia, lo que conlleva a diferencias salariales que pueden llegar a superar los 1.000 euros. Entre los más altos se sitúan provincias como Madrid, San Sebastián o Bilbao y entre las que tienen el convenio mas bajo Lugo o Murcia.

Representantes de sindicato SLT y de la patronal AETRAM se han reunido esta semana en Madrid con el Consejero y el Viceconsejero de Transportes de la Comunidad Pedro Rollan y Jesús Valverde para abordar el problema de la competencia desleal y el dumping social. Estos representantes esperan que la Administración tome cartas en el asunto y obligue a las empresas a cumplir con sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. Para que junto con las Inspecciones de Trabajo y de Hacienda en coordinación con Transportes tomen medidas contra el fraude laboral y fiscal.

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