La Comisión Europea dispuesta a legislar sobre las empresas deslocalizadas

Con ocasión de la aprobación el pasado mes de Enero por parte de 9 países europeos, entre los que no se incluyó España, de la Alianza Europea por la Carretera, con el objetivo de impulsar medidas comunes contra el dumping social que en la actualidad sufre el sector del transporte por carretera, el Parlamento Europeo, a través de la Eurodiputada española Izaskun Bilbao, ha interpelado a la Comisión Europea sobre la necesidad de promover con carácter urgente un paquete legislativo a nivel europeo que haga frente a dicho problema.

En respuesta, la Comisión Europea ha manifestado su voluntad de adoptar propuestas relativas a la revisión de la reglamentación europea sobre el acceso al ejercicio de la profesión de transportista por carretera y sobre el acceso al mercado de transporte internacional de mercancías por carretera “para el segundo trimestre de 2017”, lo que previsiblemente se llevará a cabo este mes de mayo.

El objetivo de esta reforma legislativa es, según la Comisión Europea, “mejorar las normas con objeto de evitar fraudes y abusos, como la creación de sociedades ficticias, también llamadas empresas fantasmas”. En este sentido, la Comisión Europea considera necesario actuar contra las empresas deslocalizadas que se establecen en otros Estados miembros a los únicos efectos de obtener unos menores costes sociales y fiscales, pero que en la práctica continúan operando en sus países originales. Para luchar contra el fraude, la Comisión va a establecer una nueva regulación que obligue a las empresas transportistas que se establezcan en un Estado miembro a “tener una presencia y actividad concretas en dicho país”.

Asimismo, la Comisión Europea insiste en la necesidad de que las autoridades nacionales de los diferentes Estados miembros cooperen “más estrechamente para descubrir sociedades ilegales y adoptar las medidas necesarias para evitar que tengan acceso al mercado”.

Por otra parte, en relación a la normativa sobre desplazamiento de los trabajadores, la Comisión Europea considera necesario “aclarar y simplificar las normas de la UE para hacer frente a las dificultades jurídicas y prácticas que plantee su aplicación, como consecuencia de las diferentes regulaciones planteadas hasta la fecha por los Estados miembros que ya han traspuesto dicha regulación europea.

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