Fomento pide a la UE que frene la oleada de proteccionismo en el transporte

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El Ministerio de Fomento vuelve a la carga ante la oleada de proteccionismo que inunda al transporte de mercancías y de viajeros en los principales países de la Unión Europea. El departamento que ahora dirige Íñigo de la Serna ha enviado una carta a la comisaria Violeta Bulc para que ponga freno a las normativas aprobadas recientemente por Alemania y Francia para elevar las exigencias a los transportistas desplazados a sus territorios, al considerar que “podrían convertirse en un obstáculo a la libre circulación de mercancías y trabajadores”, recoge la misiva.

A lo largo de la carta enviada a Bruselas el pasado 2 de noviembre por Rafael Catalá, que en ese momento todavía era ministro de Fomento en funciones, se alerta de los peligros de que cada país imponga unilateralmente exigencias formales que “abruman a las empresas” y dificultan su trabajo y solicita que se “proteja el actual régimen jurídico, único y común”.

“(…) Por todo ello, señora comisaria, le solicito que lleve a cabo las actuaciones que estime necesarias para garantizar la congruencia con la reglamentación comunitaria de las normas que unilateralmente vienen aprobando diversos Estados en relación con el transporte internacional y de cabotaje, por cuanto pudiesen desvirtuar la plena eficacia de la licencia comunitaria”, sentenció Catalá en la carta a la que ha tenido acceso este diario.

La misiva remitida por el Ministerio de Fomento a principios de mes sigue los pasos de la que Ana Pastor envío a la comisaria Bulc en 2015, cuando Alemania aprobó una normativa para exigir un salario mínimo para los trabajadores de empresas no establecidas en su territorio que realizan servicios de cualquier tipo en ese país.

Tras esta reclamación, Bulc abrió un procedimiento de información al país germano que, de momento, no sólo ha quedado en nada, sino que ha abierto la puerta a que otros países, como Francia o Italia, sigan sus pasos. El país de la bota todavía no ha aprobado ninguna medida unilateral para proteger su transporte, pero ya está estudiándolas.

En este sentido, la misiva de Fomento afea a la Comisión Europea (CE) no haber tomado todavía cartas en el asunto para frenar la oleada proteccionista: “”(…) la situación no ha mejorado sino que, por el contrario, parece complicarse, por cuanto nuevos países implantan unilateralmente reglas en base a las cuales las empresas no establecidas en el territorio deben cumplir una serie de obligaciones formales y administrativas”.

De momento, la normativa aprobada en Francia (más conocida como ley Macron) ha causado mucho revuelo entre los empresarios españoles, que ven un clara voluntad proteccionista. “Las leyes aprobadas por Alemania y Francia ponen trabas a la libre circulación de mercancías y de personas. Buscan proteger a sus transportistas ante los países del Este, que son más baratos y más competitivos. Las exigencias aprobadas supone más carga burocrática y costes, lo que dificulta las cosas al sector”, explicó a este diario Rafael Barbadillo, presidente de la confederación Asintra.

Las trabas de Francia

La ley Macron entró en vigor el pasado 1 de julio y obliga a las empresas transportistas españolas, o de cualquier país de la Unión Europea, que operen en el país galo, a cumplir una serie de requisitos de salario minino, abono de horas extra y suplementos salariales.

La queja de las empresas españolas viene sobre todo de la burocracia que hay que cumplir para demostrar que los conductores trabajan de acuerdo a su ley. Por ejemplo, el empresario debe elaborar un certificado de desplazamiento en que se detallen las rutas y el salario bruto del conductor, que este debe llevar bajo multa de 750 euros. Además exige que las empresas nombren un representante en Francia, que debe disponer de toda la información para darla a las autoridades. Si no se tiene, se pagará una multa de 2.000 euros, que se eleva hasta los 4.000 euros si ha reincidencia.

Fuente: eleconomista.es

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