La eurodiputada Izaskun Bilbao pide a la U.E armonizar las normas del transporte por carretera

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La eurodiputada del PNV y miembro de la Comisión de Trasporte del Parlamento Europeo, Izaskun Bilbao, manifestó ayer que las medidas unilaterales adoptadas por Alemania, Francia o Bélgica para acabar con el dumping social en el sector del transporte serán “perjudiciales” y no solo “no resolverán los actuales problemas sino que añadirán cargas administrativas, engorrosos procedimientos y multas a las empresas del sector”.

Por ello, Bilbao consideró “urgente” que la Comisión Europea presente su propuesta para reformar la actual normativa europea y armonizar el acceso a la profesión y el mercado del transporte en toda la Unión. Según explicó Bilbao, el problema se ha generado por la aparición de prácticas para utilizar “fraudulentamente” las diferencias salariales y sociales existentes entre los países de la Europa occidental y la antigua Europa del Este para competir en el mercado del transporte.

La eurodiputada apuntó que la actual normativa europea no se interpreta “de modo unívoco” en todos los estados miembros, no ha conseguido promover algunas herramientas “imprescindibles” para controlar su cumplimiento y está siendo actualmente “sometida a revisión”. Bilbao precisó que, por su parte, varios estados se han lanzado a elaborar normativas propias como las que exigen por ejemplo en Alemania o Francia, que los conductores que trabajen habitualmente allí tengan que cobrar al menos el salario mínimo establecido por la legislación estatal para el sector.

Bilbao desgranó en su intervención hasta una decena de propuestas que, en su opinión, deberían guiar “una revisión urgente de la normativa que afecta al sector”. Insistió en que los problemas a resolver afectan a las condiciones de empleo “de decenas de miles de profesionales y millares de empresas cuyas actividades son imprescindibles para la competitividad de la economía europea”.

La eurodiputada apuntó que el tiempo que se están tomando las autoridades comunitarias para resolver este problema “debe conducir a una solución que beneficie a las principales víctimas del dumping social, especialmente las empresas de la Europa occidental que no recurren a prácticas fraudulentas y en general los conductores profesionales que están viendo degradarse progresivamente sus condiciones de empleo”. “Las soluciones particulares solo añaden fragmentación. Tan negativo es que proliferen estas soluciones estado a estado como bloquear cuestiones tan elementales como el ERRU (registro europeo de empresas de transporte) que por razones que no alcanzo a entender sigue sin ponerse en marcha pese a que debía funcionar desde 2012”, señaló.

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