Más de la mitad de las empresas españolas de transporte y almacenamiento se ve obligadas a alargar sus plazos de cobro - Diario de Transporte
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Más de la mitad de las empresas españolas de transporte y almacenamiento se ve obligadas a alargar sus plazos de cobro

El 65% de las encuestadas mantiene que esta situación conlleva un fuerte impacto sobre su liquidez. Las pérdidas por impagos en este sector se sitúan en el 1,3%. Entre las consecuencias de esta situación se encuentra la dificultad para crear empleo: el 30% de las compañías afirma que cobrar a tiempo le permitiría ampliar sus plantillas.

 La morosidad y los retrasos en los pagos constituyen una práctica con dañinas consecuencias sobre los negocios, una realidad que en España afecta de manera determinante al sector del transporte y almacenamiento. Así lo corrobora el último Informe de Pagos por Sectores de Intrum Justitia, compañía especializada en gestión del crédito en Europa, que concluye que el 52% de las empresas que operan en este ámbito se ve obligado a establecer plazos de cobro más largos que los acordados inicialmente.

A pesar de ofrecer condiciones generosas, tanto los consumidores como el sector privado tienden a agotar los tiempos marcados, que se sitúan en 20 y 45 días respectivamente. Por su parte, la administración pública también incumple con el periodo establecido y, aunque suele contar con un margen de 42 días, tarda de media 16 más en hacer efectivos sus pagos.

Causas y consecuencias

¿A qué se debe esta situación? Las causas, según el estudio, pueden ser varias. La principal: las dificultades financieras de los deudores, razón que identifica el 70% de las empresas preguntadas. Sin embargo, también destaca el hecho de que el 52% apunte hacia la intencionalidad del retraso. Otros posibles detonantes son la ineficiencia de los departamentos de Administración (48%) y las disputas en torno al servicio brindado (30%).

Más allá de los motivos, la demora en los pagos representa una amenaza real para la supervivencia de muchas corporaciones. Así, dos tercios (65%) de las compañías encuestadas mantienen que puede tener un impacto medio-alto sobre su liquidez, porcentaje muy superior a la media sectorial europea, que se sitúa en el 47%. También el 65% califica como medio-alto el riesgo de que los retrasos causen pérdidas directas, dato significativamente por encima del promedio europeo (49%). Un temor que se confirma al constatar que las pérdidas por impagos en el sector del transporte y almacenamiento se sitúan en el 1,3%.

Otro inconveniente son las cargas adicionales en concepto de interés, señaladas con un impacto elevado por el 61% de las encuestadas, mientras que el 34% apunta también hacia la imposibilidad de contratar a nuevos profesionales y el 30%, a la falta de oportunidades para crecer. Así pues, se vislumbra un nuevo inconveniente de la morosidad: la escasa capacidad de las empresas que la sufren para generar empleo. En este sentido, cabe destacar que el 30% de las compañías afirma que, de hecho, podría ampliar sus plantillas si cobrasen antes.

Por otro lado, la mala praxis en cuanto a la ejecución de los pagos deriva en la paradoja de que las compañías que cobran tarde se ven forzadas a su vez a retrasar sus propios pagos. Un círculo vicioso que en nuestro país se refleja con especial intensidad en el sector del transporte y almacenamiento, donde el 83% de las empresas reconoce haber ejecutado con retraso alguna de sus facturas, dato en línea con la media europea (84%).

Cómo se evita el retraso o impago

El informe elaborado por Intrum Justitia examina también aquellas medidas que las organizaciones ponen en marcha para protegerse frente al impago, siendo los seguros crediticios y el cobro inmediato las precauciones más populares (48% de las encuestadas). Le siguen la verificación crediticia (43%), el pago por adelantado (39%) y las garantías bancarías (35%). Además, el 9% de las empresas evita la morosidad a través de contratos de factoraje.

“Son varias las alternativas que una compañía puede implantar dentro de sus procedimientos para gozar de una buena salud financiera, pero también es necesario hacer una llamada a la responsabilidad de los pagadores. En caso de que no sea posible hacer frente a una deuda, además de informar a la compañía afectada, recurrir a una empresa de gestión de cobro puede contribuir a encontrar la mejor vía para resolver esa situación de impago”, apunta Alejandro Zurbano, director general de Intrum Justitia y Lindorff en España.

Sobre Intrum Justitia 

El 27 de junio de 2017, Intrum Justitia y Lindorff se combinaron para formar el proveedor líder de servicios de gestión de crédito. Lindorff fue fundada en 1898 y ofrece servicios dentro de la gestión y compra de deudas, así como servicios de pago y facturación. Intrum Justitia fue fundada en 1923 y ofrece servicios integrales, incluyendo la compra de deuda, diseñados para mejorar los flujos de efectivo de los clientes y la rentabilidad a largo plazo.

La combinación de Intrum Justitia y Lindorff tiene presencia local en 23 mercados en Europa y un equipo de alrededor de 8.000 empleados que están comprometidos a promover una economía sana. La compañía combinada tuvo ingresos pro forma de 1352 millones de euros para los doce meses que terminan en marzo de 2017 y tiene su sede en Estocolmo, Suecia. Intrum Justitia AB está cotizada en el Nasdaq de Estocolmo. Para obtener más información, visite www.intrum.com o  www.lindorff.com.

Para más información:

Atrevia

Helena Vizcay

[email protected]

Tel.: 91 564 07 25

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