Las empresas de autobuses se enfrentan a la liberalización del sector
@Camioneroleones.-La Comisión Europea está revisando el Reglamento 1073/2009 sobre el acceso al mercado de servicios internacionales del transporte en autobús, con lo que podría cambiar la relación actual que hay en España entre las distintas administraciones y las empresas de autobuses, que se establece en forma de concesiones. Actualmente 1.500 líneas regulares de transporte público están gestionadas por el sector privado.
La patronal del sector, Confebus, está dispuesta a defender ante Bruselas el modelo actual basado en la competencia regulada. Rechaza que una normativa para la regulación de servicios internacionales intervenga en la reorganización de los servicios nacionales de un país. Según ha explicado su presidente, Rafael Barbadillo "Ni el Gobierno ni las empresas hemos conocido el contenido de la revisión hasta hace unos días, por lo que los distintos Estados revisan aún la documentación para poder tomar decisiones".
Tanto el Ministerio de Fomento como Confebus van a defender que España se ajusta al derecho de la Unión Europea y para ello el Gobierno ya ha modificado el sistema de las concesiones. Ahora es de 10 años el tiempo de explotación de las grandes líneas de transporte, cuando antes era entre 50 y 90 años. La Unión Europea quiere llegar a una liberalización que permita la libre competencia en las líneas de más de 100 km, y en trayectos inferiores cuando la participación de nuevas empresas no haga peligrar la viabilidad económico-financiera de los contratos actuales.
Las empresas que actualmente dominan las grandes líneas concedidas por el Ministerio de Fomento son Alsa, Avanza y Samar. Según fuentes oficiales, la facturación que se mueve en esas concesiones se estima en unos 350 millones de euros al año, prestando servicios a 2.075 ciudades y municipios. Entre la larga distancia, que es administrada por la Secretaria General de Transporte y el resto de líneas que gestionan las comunidades autónomas y ayuntamientos, el sector del transporte de viajeros por carretera mueve en España 3.500 millones de euros al año.
La factura que España tendría que pagar por la liberalización del sector rondaría los 500 millones al año, al tener que sufragar las obligaciones de servicio público (OSP). Actualmente las empresas cubren los costes con la venta de billetes y el pago de OSP se sustituye por la actividad en exclusividad en cada una de las líneas, garantizando el servicio en rutas deficitarias.
Bruselas pretende garantizar el libre establecimiento de empresas de autobús de la Unión Europea en cualquiera de los estados miembros, así como el acceso a las estaciones de autobús a dichas empresas, ya que normalmente están concesionadas. En España ya se permite la participación de empresas de la UE y la regulación sobre las estaciones de autobuses prohíbe el veto a las mismas. España, junto con Alemania e Italia son los que más volumen de servicios regulares de autobús mueven del mercado europeo. (Foto: Archivo)
