La trama del transporte 'expedía' los CAP a 250 euros y el título de capacitación a 1.500 - Diario de Transporte
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La trama del transporte ‘expedía’ los CAP a 250 euros y el título de capacitación a 1.500

La Consejería conocía desde un año y medio antes de la operación policial que un jefe de sección validaba cursos no impartidos a los conductores.

Cientos de conductores profesionales han circulado durante años al volante de sus camiones de gran tonelaje, de autobuses de pasajeros o de taxis sin haber demostrado previamente su cualificación. Y buena parte de culpa habría que atribuirla a una supuesta trama de corrupción que tenía sus bases asentadas en la propia Consejería de Fomento e Infraestructuras y que fue desmantelada hace justamente un año. Pero la propia Administración regional también tiene su responsabilidad, ya que, al menos un año y medio antes de la operación policial, la Comunidad había detectado que uno de sus funcionarios, un jefe de sección de la Dirección General de Transportes, había expedido certificados de capacitación por cursos no realizados, sin que en apariencia se hubiera adoptado medida preventiva alguna.

Esta es alguna de las conclusiones que pueden extraerse de la lectura de las diligencias sobre esta presunta trama de expedición de títulos de transporte, a las que ‘La Verdad’ ha tenido acceso, y que apuntan a una aparente pasividad de la Consejería de Fomento para atajar unas prácticas no solo presuntamente corruptas, sino que afectaban a algo tan delicado como la acreditación de la cualificación de los conductores profesionales de la Región.

La expedición supuestamente irregular del Título de Capacitación Profesional para Transportistas de Mercancías, denominado en el sector el ‘curso de transportista’, así como del Certificado de Aptitud Profesional, más conocido por las siglas CAP, habría sido posible durante muchos meses merced a la aparente connivencia entre el mencionado jefe de sección, J. P. M. G., y el propietario de un centro autorizado por la Administración autonómica para impartir tales cursos, R. T. M., administrador único de Comax Asesores SL. Ambos, el funcionario y el dueño de las academias, estaban presuntamente asociados a través de la mercantil Murintec Control SL, y las investigaciones policiales permitieron recabar datos que apuntaban, asimismo, a que el técnico recibía presuntas recompensas económicas por sus servicios.

En agosto de 2015, un jefe de sección emitió un informe para alertar de que J. P. M. G. había tramitado certificados pese a que los alumnos no se habían formado.

«Se desconocen las razones que han dado origen a esta decisión administrativa», concluía el documento oficial, que no llevó a adoptar medida alguna.

Pues bien, al menos desde el año 2014, la Dirección General de Transportes venía abriendo expedientes por supuestas irregularidades cometidas por la firma Comax Asesores SL, consistentes fundamentalmente en no realizar los cursos que había anunciado, y ya en junio de 2016 se había detectado que el mencionado jefe de sección y principal responsable del control de los CAP había validado y expedido los certificados a los alumnos, pese a que la formación no se había impartido.

En las diligencias judiciales, que se tramitan en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental, existe copia de un informe oficial, en el que se alerta del resultado de una inspección realizada en junio a Comax Asesores, que había permitido constatar que la formación continua del CAP no se estaba impartiendo. Esa «grave irregularidad» había sido comunicada al Servicio de Transportes y había sido recibida por el jefe de sección de Capacitación Profesional, el citado J. P. M. G., «pese a lo cual ha procedido a validar el mencionado curso y a entregar las tarjetas (a los alumnos) el 3 de agosto de 2015, desconociéndose las razones que han dado origen a esta decisión administrativa».

El hecho de que estas irregularidades hubieran sido detectadas no impidió, en apariencia, que el funcionario sospechoso siguiera ejerciendo las mismas responsabilidades y validando presuntamente otros cursos no impartidos. Hasta que un año y medio más tarde, en noviembre de 2016, fue arrestado en su puesto de trabajo por agentes del Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos y de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Jefatura de Policía de Murcia.

Denuncia de una profesora

La Consejería tampoco alertó a las autoridades policiales o judiciales acerca de esas aparentes «graves irregularidades» detectadas, de manera que solo la denuncia de una profesora de los CAP, que conoció que su nombre estaba siendo utilizado para validar cursos que no se estaban celebrando, ofreció el hilo del que tirar para acabar desmantelando la presunta trama corrupta.

La apertura de diligencias permitió a la Policía intervenir los teléfonos de los dos principales sospechosos, lo que ofreció valiosa información acerca del ‘modus operandi’ de la red, que contaba además con un grupo de colaboradores. Respecto de los certificados CAP, que los conductores profesionales deben renovar cada cinco años como máximo, directamente no se impartían los cursos de formación y era el jefe de sección quien, supuestamente y ‘con cuentagotas’, para no despertar sospechas, iba metiendo a los alumnos en los registros públicos. El propietario de Comax Asesores cobraba entre 200 y 250 euros por certificado, pese a que el precio normal estaba en torno a los 80 euros. «Esa es la diferencia por no tener que venir», era la explicación que el empresario ofrecía a quienes esbozaban alguna queja por el elevado coste.

Vistas las ventajas que ofrecía, no parece que fueran muchos los que rechazaban la oferta.

Entrega de las preguntas

Algo parecido ocurría con el llamado ‘curso del transportista’, que, para obtenerlo legalmente, obliga a realizar una formación durante aproximadamente cuatro meses, a razón de tres días por semana, y cuyo precio medio ronda los 900 euros. El dueño de Comax, según las conclusiones de los informes policiales, lo ofrecía por unos 1.500 euros pero en solo ocho clases, de unas tres horas de duración. La mayor ventaja, según pudo constatarse, consistía en que llegaba a ofrecer a sus alumnos más de 60 de las 100 preguntas de tipo test que iban a salir en el examen -presuntamente aportadas por el técnico de la Consejería- y cinco de los seis supuestos prácticos. Así, el aprobado estaba garantizado casi al 100%.

Dos documentos legalmente insoslayables

El Certificado de Aptitud Profesional(CAP) es un documento que se requiere con carácter obligatorio a los conductores de transporte de viajeros desde el 11 de septiembre de 2008, y a los conductores de transporte de mercancías desde el 11 de septiembre de 2009, sin el cual no pueden realizar actividades profesionales de transporte. Con ello se da cumplimiento a la Directiva 2003/59 del Parlamento Europeo, aprobada en julio de 2003. Para obtenerlo en un primer momento es necesario realizar 130 horas teóricas y 10 horas prácticas. Además, debe ser renovado cada cinco años.

Por otro lado, el certificado de competencia profesional para el transporte de mercancías o de viajeros se regula en la Orden de 28 de mayo de 1999 y obliga a superar un examen con 100 preguntas de tipo test y seis supuestos prácticos. Los exámenes deben ser convocados y realizados por las comunidades autónomas. Este certificado es indispensable para ejercer esa profesión.

Fuente: laverdad.es

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