Rajoy planta cara a Macron para defender a los camioneros
Francia quiere endurecer el control sobre los trabajadores desplazados. España exige una excepción para el sector del transporte. Los ministros de Empleo intentarán este lunes resolver el conflicto.
Semana decisiva para la polémica reforma de la directiva sobre trabajadores desplazados temporalmente de un país a otro de la UE, una norma que provoca un choque frontal entre los países del corazón del club comunitario y los de la periferia. España encabeza el bloque de socios que se resisten a un endurecimiento de la norma, defendido con especial ahínco por el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
El consejo de ministros de Empleo de la UE, al que asistirá la ministra Fátima Báñez, intentará este lunes (23 de octubre) en Luxemburgo limar las diferencias entre los dos bandos. El miércoles será el turno del Parlamento Europeo, que espera aprobar en Estrasburgo su posición sobre la directiva. Si ambas instituciones logran su objetivo, se desbloquería la tramitación de una directiva que lleva 18 meses estancada.
Macron se reunió el pasado jueves en Bruselas con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para intentar ganarse el apoyo de España. Pero, según fuentes diplomáticas, las espadas siguen en alto y España mantendrá su rechazo a menos que se garantice una excepción para el sector del transporte por carretera.
"Queremos el acuerdo pero no va a ser fácil", admiten fuentes españolas, que acuden a la cita con una enorme presión politica por parte de la Comisión Europea y de los grandes países de la UE (Alemania, Francia e Italia) para que acepten
El proyecto de directiva equipara todos los derechos del trabajador desplazado con los vigentes en el país de destino, incluida la remuneración. La directiva actual, aprobada en 1995, solo les reconoce el derecho al salario mínimo de cada país.
Bruselas quiere aplicar la norma a todos los sectores, incluido el de transporte. Pero España, Portugal, Irlanda y los países de Europa central y del Este temen que los cambios propuestos penalicen su competividad y dañen la creación de empleo.
España exige una excepción para los transportistas, para aplicar la directiva solo a partir del quinto día de actividad internacional del camionero fuera de su país. Con ese umbral temporal, los transportistas podrian prestar servicio fuera de sus países, incluido el cabotaje, sin verse obligado a adaptar la remuneración al país de destino.
Las discrepancias sobre la directiva también afectan al período temporal en que un trabajador puede estar desplazado. El proyecto fija un máximo de 24 meses, pero algunos países quieren reducirlo a 12. La negociación de los ministros también deberá resolver el conflcto sobre el plazo para transponer la directiva a la legislación nacional. Bruselas ofrece un período de tres años, pero algunos paises reclaman un período de transición más largo dada la complejidad del texto y su previsible impacto económico. España se muestra flexible en ambos puntos siempre y cuando se resuelva su demanda sobre el transporte.
El debate del lunes se reproducirá solo 48 horas después en el Parlamento Europeo, donde el pleno someterá a votación el proyecto de directiva, aprobado ya en comisión parlamentaria. Varios representantes de los sindicatos españoles acudirán a Estrasburgo para trasladar sus protestas por la posición española ante esta reforma y apoyar la de Francia.
La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, cree que los responsables españoles del Gobierno a se alinearán finalmente con los países del Este, contrarios a que los trabajadores desplazados tengan que recibir las mismas condiciones laborales que el país que los acoge.
“Estamos totalmente en contra de la postura de España, ya que los sindicatos queremos que se respeten siempre los convenios, los salarios y las condiciones de los países donde están desplazados los trabajadores”, aseguró Antoñanzas. Además, consideró que existen pocas probabilidades de que España cambie dicha postura.
Asimismo, desde UGT creen que la reforma de esta directiva debería incluir que los desplazados tuvieran las mismas condiciones que los trabajadores del país donde trabajan desde los doce meses de estar allí y no a partir de 24 meses, como propone la Comisión Europea.
Para ladirigente ugetista, más difícil aún será que la legislación europea encuentre una solución para la problemática del sector del transporte por carretera. En este punto, aseguró que “los camioneros españoles empiezan a estar muy afectados, porque estamos hablando, en muchos casos de mafias, procedentes de otros países, que están tirando los precios.”
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha convertido esa ley en uno de los símbolos de su cruzada para refundar Europa y demostrar a la opinión pública que el club comunitario combate el dumping laboral y protege los derechos de los trabajadores. Pero la ofensiva de París se ha topado con la resistencia de España, que al igual que la mayoría de los socios de Europa central y del este temen que la nueva directiva encarezca excesivamente sus exportaciones al mercado europeo.
Fuente: cincodias.elpais.com
