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Las empresas de transporte harán todo lo que les permita la ley para frenar los peajes

La Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España, Fenadismer, utilizará todas las herramientas que le permita la ley para frenar la norma foral de peajes que supondrá la implantación de nuevos cánones en la N-I y la A-15 para el transporte pesado.

Así lo declaró ayer su presidente, Julio Villaescusa, en una jornada sobre la Influencia de la Calidad de las Infraestructuras en los costes de explotación de las empresas de transporte por carretera, organizada por la Fundación Guitrans y la Fundación Francisco Corell, celebrada en Donostia.

En la misma, el representante de Fenadmiser consideró que la norma foral aprobada por las Juntas Generales de Gipuzkoa sin que ningún grupo con representación en el parlamento guipuzcoano se opusiera a la misma, lamentó que los nuevos cánones que la Diputación aplicará en la N-I y A-15 van a afectar “a más de 7.000 camiones al día”, lo que repercutirá “muy negativamente” en la competitividad de las empresas de transporte. “Nuestros productos tienen un valor intrínseco bajo; no transportamos ordenadores, así que esta medida va a hacer que el valor final de los productos se encarezca, lo que nos va a llevar a perder competitividad en la Unión Europea”, señaló Villaescusa.

Asimismo, desde Fenadismer consideran que los argumentos esgrimidos por la responsable foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, para implantar los peajes son “injustos” y “discriminatorios”. “Decir que las carreteras guipuzcoanas están financiadas por los guipuzcoanos es absolutamente falso. En Gipuzkoa se consumen anualmente 800 millones de litros de gasoil, y el 80% de este consumo corresponde al transporte de carretera. Se trata de un consumo de carburante un 400% superior a la de otras provincias como Cuenca o Guadalajara”, señaló Villaescusa, quien precisó que Gipuzkoa recauda cada año 380 millones al año gracias al impuesto de hidrocarburos. “Esto supone que se cubre nueve veces la inversión que se destina a las carreteras”, aseveró el presidente de Fenadismer.

Además, lamentó que la implantación de un gravamen exclusivo para el transporte pesado es “discriminatorio”, ya que, según un estudio reciente de la Fundación Internacional del Automóvil, los camiones representan el 21% del sufrimiento de las vías, frente al 51% de los turismos. Por otro lado, denunció que otro tipo de transportes, como el ferroviario o el aéreo, no sufren los gravámenes que tiene el transporte en carretera. “Estamos muy preocupados porque estos peajes pueden suponer un efecto dominó en todo el Estado, lo que llevará a la ruptura del equilibrio de mercado. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y todo lo que nos permita la ley para que esta medida se implante”, señaló.

De igual manera, el vicepresidente de Guitrans, Mario Palacios, apuntó que el volumen de vehículos pesados en puntos como Astigarraga o Andoain, dos de las zonas que se gravarán con los nuevos peajes, supone únicamente el “16% y el 18% del volumen total de los tráficos”, por lo que se puede concluir que “otros vehículos, como los ligeros, con más presencia en las carreteras, contaminan mucho más que los pesados”.

PAGO POR USO

Por su parte, el director general de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España, Oficemen, Aniceto Zaragoza, defendió la teoría del pago por uso y subrayó que, en la actualidad, y después de ver que “en la última década el Estado ha gastado 50.000 millones de euros más en pensiones, no hay ninguna posibilidad matemática de que haya infraestructuras si no se pagan”.

En la misma línea, el director General de la Asociación Española de Carreteras, Jacobo Díaz Pineda, exigió una “neutralidad fiscal” para todos los usuarios de las infraestructuras viarias. Así, defendió que la movilidad viaria no puede ser “infinitamente gratuita”, y propuso establecer una tarifa “similar a la de los datos móviles”, a través de la cual, se cobre a partir de determinado número de kilómetros, que sería de 15.000 anuales para los vehículos ligeros y de 100.000 para los que superen los 3,5 toneladas. A su entender, esta recaudación debería estar gestionada por una empresa ad hoc que se cerciore de que todo el beneficio revierte en la mejora de las infraestructuras y del servicio que estas prestas. Además, defendió otra serie de medidas como la movilidad nocturna gratuita para los transportistas.

Fuente: noticiasdegipuzkoa.com

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