La campaña de Gobierno para ensuciar la imagen de los estibadores - Diario de Transporte
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La campaña de Gobierno para ensuciar la imagen de los estibadores

La intoxicación masiva de la opinión pública para que los trabajadores del servicio de estiba aparezcan ante la sociedad como unos privilegiados y unos mafiosos, que ganan sueldos de 3.000 euros o más y no permiten que nadie pueda disputarles el puesto, se halla en estos momentos en pleno apogeo.

El gobierno y sus voceros (oficiales, oficiosos y mediopensionistas) han puesto en circulación la cantinela de que el tribunal europeo de justicia, con sede en Luxemburgo, obliga a España a liberalizar el modelo actual de estiba, por ser contrario a la regla de libre competencia en la Unión Europea, y esa cacareada liberalización exige acabar con el empleo estable en la estiba. Cambiar trabajadores fijos, bien formados y entrenados, por trabajadores temporales con salarios de subsistencia. Una falsedad basada en la peor de las mentiras: las medias verdades.

La Unión Europea nos exige abrir el mercado del servicio portuario de estiba para que cualquier empresa estibadora de un país miembro pueda instalarse en un puerto español. Hace cuatro años que conocemos la sentencia y el gobierno ha tenido tiempo de sobras para quitar de la normativa los obstáculos existentes a la libre competencia, cumpliendo así el mandato judicial. Pero a los actuales gobernantes les ha convenido entender que la justicia europea nos conmina a destruir la estabilidad laboral de los estibadores, y eso es falso. La libertad de establecimiento no tiene por qué afectar a las condiciones de trabajo de los estibadores. Siguiendo la indigna estrategia de pudrir los problemas, en Puertos del Estado han dejado pasar el tiempo para facilitar su maniobra contra la estiba. Y ahora le han colado al ministro de Fomento el cuento de la urgencia para que éste, sin mucha reflexión, se pusiese al frente de la infamia.

Este gobierno del Partido Popular acumula una larga experiencia en vender mentiras arropadas con verdades a medias. La crisis económica nos obligaba a recortar el gasto público, pero eso podía hacerse, por ejemplo, suprimiendo las diputaciones y otros organismos públicos cuya única utilidad es servir de refugio a los políticos sin destino. Pero nos machacaron día y noche con que era imprescindible recortar el gasto en sanidad y educación, entre otros necesarios, dejando incólumes las partidas de gasto ligadas al interés de los partidos políticos. Por no hablar de los rescates bancarios, un escándalo de proporciones bíblicas.

Ahora asistimos a otra de esas campañas venenosas. Hay que acabar con los derechos laborales de un sector de trabajadores, derechos conseguidos con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Pero el gobierno no lo hará exponiendo a los ojos de la opinión pública su servidumbre a intereses privados, en contra del bien común. Lo hará por Europa y porque los estibadores ganan sueldos excesivos.

Naturalmente, esas mentiras calan en algunas personas que contribuyen a alimentar el bulo. Nadie se ha preguntado adónde iría a parar el trozo de tarta (por utilizar la metáfora al uso) que les sería birlado a los trabajadores, a pesar de que la pregunta tiene una respuesta muy sencilla: iría a engrosar el beneficio de determinadas personas, dueños y ejecutivos de empresas que hoy ya ganan grandes fortunas cada año, sin que eso parezca escandalizar a quienes claman contra los salarios de los estibadores. No iría a mejorar el nivel de vida de los consumidores, o el nivel de recaudación del estado. Al contrario, el estado recaudaría menos dinero vía IRPF y vía contribuciones a la seguridad social, que en ningún caso se verían compensados por los raquíticos impuestos que pagan los beneficios empresariales. En definitiva: aumento de la desigualdad, un camino que suele desembocar en un estallido social.

La resistencia lógica de los estibadores al pillaje gubernamental ha puesto en aprietos a toda la operativa portuaria, los daños colaterales a que se refería el vicepresidente de la Federación Española de Transitarios, Agustín Montori, hasta el punto que una buena parte de las empresas estibadoras han decidido no secundar al gobierno -al que tachan, a micrófono cerrado, de necio e irresponsable- y se han comprometido con sus trabajadores a respetar el sistema actual de estiba. Saben que destruir el modelo de estiba español no es el objetivo de la sentencia europea.

La amenaza del decreto-ley, en el marco de la inevitable negociación del Ministerio de Fomento con los representantes de los trabajadores portuarios, constituye un macguffin en términos cinematográficos, o un tigre de papel en la terminología política de los años setenta. Un espantapájaros que los estibadores harían muy bien en ignorar y el ministerio debería archivar para siempre. No resulta fácil, pero el ministro Iñigo de la Serna debería rectificar (que consulte a su antecesora en el cargo, Ana Pastor), aprestarse al diálogo sin prejuicios y, de paso, poner en el congelador a quienes le han conducido a crear un grave problema por desidia y grave incompetencia.

Fuente: naucher.com

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