De 120.000 camiones viejos, se han chatarrizado 19.000

De 120.000 camiones viejos, se han chatarrizado 19.000

Aunque en el transporte de carga por carretera persisten viejos problemas como la elevada informalidad, la intermediación, la sobreoferta de camiones y las fallas en la chatarrización, el Gobierno y los gremios camioneros están buscando en un nuevo intento las herramientas para ponerle orden a este renglón de la economía.

Juan Carlos Rodríguez, presidente ejecutivo de Colfecar (uno de los gremios del transporte de carga), contó que el Gobierno –el cual ha estado conversando con gremios camioneros– alista un proyecto de decreto para reformar la regulación del transporte de carga.

Este será uno de los motivos de discusión durante el 40 Congreso Internacional de Transporte de Carga y su Logística (organizado por Colfecar) que comienza este miércoles en Cartagena.

¿En qué consiste el proyecto de reforma a la regulación del transporte?

En el 2013 se estableció el Conpes 3759 para dar políticas de renovación del parque automotor. Este trató de cubrir asuntos como el concepto de la formalización del sector.

Nos hemos quejado de que la actual regulación es laxa para prestar el servicio; cualquiera puede hacerlo y no hay un criterio de selección.

Como servicio público requiere de la protección del Estado. El componente de profesionalización y de seguridad es muy importante.

Además, que se pueda evidenciar que las organizaciones empresariales existen. Sin embargo muchas empresas del sector son de papel. No reportan ni su manifiesto de carga.

En la formalización se va a dar énfasis a la profesionalización y a la honorabilidad (lo cual puede sonar abstracto).

¿Cómo hacer para que normas más fuertes de formalidad puedan ponerse en marcha en el sector?

Se busca hacer un decreto y ya se está empezando a discutir.

Además de esto, el seguro va a desempeñar un papel importante. Desde el año 1990 no se regula desde el Ministerio la póliza del transporte de carga. Eso actualmente es opcional. Con esto se busca que haya una obligatoriedad recogiendo la realidad del mercado.

¿Esos primeros trazos de esa normativa ya se socializaron con otros gremios camioneros?

Hemos hablado con la ACC, ATC y Asecarga. Cuando se habla de formalidad también se trata de hacer visibles a unos sujetos que actualmente no lo son y que están prestando el servicio sin estar facultados para hacerlo: se trata de operadores logísticos, comisionistas de transporte y agentes de carga. Son intermediarios que entran a ofertar el servicio de transporte y a veces dicen ser transportadores.

Entonces se generan condiciones desiguales, ya que esa intermediación no agrega valor e incrementa los costos. La idea del Ministerio es visualizarlos y poner condiciones mínimas para que operen pero no prestando el servicio.

Otra de las preocupaciones del sector son las empresas unipersonales. Se busca que el camionero tenga la posibilidad de convertirse en empresa a través de esta figura.

¿Es convertirse en SAS?

Sí. Le llaman empresa unipersonal de transporte de carga. Es un tema que no requiere de una regulación especial; eso ya está en el Código de Comercio. El hecho es ser una empresa legalmente constituida y después, se obtiene la habilitación.

¿Cómo venderle al transportador que estar en la formalidad vale la pena?

En esto se requiere pedagogía e información por parte del Gobierno. Hay leyes que eximen de impuestos a las empresas nuevas.

En ese revolcón al sector, ¿dónde queda el tema de la chatarrización?

Ese tema está lento. Hay unos recursos que tuvieron que ser apropiados por el Gobierno; la plata no está ahí aunque el Ministro de Hacienda diga que sí.

Cada año el Ministerio de Hacienda le apropia al Ministerio de Transporte una suma determinada. Este año fueron $240.000 millones para que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015 quien quiera ingresar un vehículo nuevo traiga la chatarra y se le pague por ella a través de ese mecanismo.

Resulta que el procedimiento es lento por cuenta de la documentación; se piden papeles como declaración de importación de camiones de más de 20 años. Eso retrasa todo. Se desintegra un vehículo pero a la gente no le pagan sino hasta que tenga los papeles. Entonces, se genera un rezago. Los valores no se alcanzan a ejecutar y esa plata se va a vigencias expiradas y vuelve a Minhacienda.

El año pasado se chatarrizaron poco más de 4.000 carros. De 120.000 vehículos que tienen una edad de 20 o más años, apenas se han chatarrizado 19.000. El ritmo al que va esto es muy lento y hay otro agravante: la plata se acaba en el 2018.

El Ministerio acabó con el tema de la póliza. Si se quiere meter un carro nuevo, consiga la chatarra y no constituya póliza.

¿Y del 2018 para adelante qué?

México tiene un modelo bueno el cual hemos vendido al Gobierno. Este consiste en un programa de reposición sobre la base de vida útil, lo cual no está dispuesto en Colombia. Eso tiene que determinarlo un estudio técnico. A partir de ahí, hay que establecer una transición.

Otra opción es ahorrar para que al final de la vida útil del carro se haga la reposición. Sin embargo, debe haber unos recursos del Estado para apoyar esto o también, un plazo mayor para el proceso.